Tras una intensa negociación que se destrabó de última hora, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones y prácticamente por unanimidad, la minuta de la nueva ley que endurece las sanciones contra el robo de hidrocarburos y lo tipifica como delito grave, y por expender litros incompletos de gasolina, diésel, gas licuado de petróleo o gas natural o altere sistemas de medición de combustibles.

Además de la expedición de la ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en contra de la industria petrolera, y con el mismo propósito, se reformaron también el Código de Procedimientos Penales, Código Penal Federal, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley Federal de Extinción de Dominio, Código Fiscal de la Federación y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La minuta se devolvió a la Cámara de Senadores para una segunda revisión, porque se eliminó, a insistencia de los partidos opositores al PRI, el artículo 20 de la nueva ley que establecía la imposición de tres a seis años de prisión y de 3,000 a 6,000 días de multa a quien, sin derecho, obstruyera o impidiera el acceso o el funcionamiento de ductos, equipos, instalaciones, o inmuebles propiedad de asignatarios, contratistas, permisionarios, o distribuidores de la industria petrolera. El argumento de la oposición para lograr el cambio fue que la enmienda criminalizaba la protesta social.

De acuerdo con la nueva ley, se sancionará con penas de 15 a 25 años de prisión y de 15,000 a 25,000 días multa a quien sustraiga o aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores, o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

Las sanciones para quien enajene o suministre gasolina o diésel con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 1.5% a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro’’, van de los tres a los seis años de cárcel y de 3,000 a 6,000 días multa. La misma pena aplicará para quienes comercialicen gas licuado de petróleo o gas natural entregando una cantidad inferior desde 3% a la cantidad que corresponda.

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