Hasta junio pasado había 1,283 inmuebles solicitados y 1,084 con visitas agendadas, de los 10,500 inmuebles que el gobierno puso a disposición de los operadores del sector de telecomunicaciones para su arrendamiento.

Son cinco estados los que concentran el 60% de los inmuebles solicitados: ciudad de México, estado de México, Jalisco, Nuevo León y Baja California.

Hay 20 participantes registrados y los principales interesados son los desarrolladores de infraestructura, los torreros .

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Por su parte, Altán, consorcio encargado de desplegar y operar la Red Compartida, espera que hacía final de año el gobierno federal integre más inmuebles, pues resulta más efectivo a sus intereses los inmuebles que se encuentran en los estados y municipios.

Joaquín Coronado, director general de Altán Redes comentó que la posibilidad de acceder a la infraestructura es importante porque da acceso y evita duplicidad de inversiones, estamos analizando que nos conviene pero desde el punto de vista futuro de la red tener infraestructura regional será importantes para llegar a la cobertura comprometida de 92.2 por ciento .

El costo promedio por un inmueble de hasta 190 metros cuadrados es de 3,000 pesos, aunque el precio más económico será a partir de los 1,500 pesos en municipios de Oaxaca, por ejemplo, o hasta 5,000 en Quintana Roo. Los contratos podrán ser por uno o hasta 10 años, con posibilidad de renovación.

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De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) mientras que en países como Corea del Sur por cada millón de habitantes hay 1,400 radio bases o antenas, en México, por cada millón de habitantes sólo hay 250 radio bases, lo cual habla del déficit que se tiene en el país.

En junio pasado, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales formalizaron su relación mediante la firma de un convenio para apoyar la política inmobiliaria del gobierno federal.

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Con esta colaboración se busca hacer trabajo conjunto para aumentar a 21,000 el número de inmuebles al cierre de año, así como trabajar con los gobiernos locales y estatales para buscar integrarlos al programa del gobierno federal.

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