La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó dos denuncias penales ante la PGR contra la ex subdirectora comercial de Destilados Intermedios de PMI Comercio Internacional, María Karen Miyasaki Hara, tras detectar un presunto fraude por 13 millones de dólares contra una empresa de Pemex.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Salvador Vega, explicó que esa servidora pública podría ser la única responsable de operaciones de compra y venta fraudulenta a nombre de la paraestatal en la que, al parecer, benefició a su cónyuge.

Explicó que el modus operandi de la suspendida subdirectora era a través de operaciones comerciales de diésel de ultra bajo azufre a empresas internacionales, una de ellas denominada Blu Trading S.R.L de C.V. en donde su esposo Max Miles Beckett fungía como socio y gerente general.

Vega Casillas detalló que hasta ahora han sido detectadas operaciones comerciales irregulares de la funcionaria en cuatro cargamento comercializados de agosto a diciembre de 2008, y que fue en 2009 cuando iniciaron las investigaciones sobre esa ex funcionaria.

Indicó que además de las dos denuncias penales a partir de las cuales la Procuraduría General de la República (PGR) inició dos averiguaciones previas, se han iniciado dos denuncias administrativas que están en curso.

Las investigaciones de la procuraduría y de la SFP continúan para determinar si existen más servidores públicos involucrados u otras personas, así como para determinar si hubo otros cargamentos con malos manejos, abundó el secretario.

De las investigaciones hechas, en las cuales hubo coordinación con la PGR y la Secretaría de Hacienda, se detectaron 13 cuentas bancarias de esta mujer con una suma total de 16 millones de pesos, cuyo origen lícito no pudo acreditar, además de varias propiedades.

A su vez, el visitador de la PGR, César Chávez, explicó que Miyasaki Hara podría ser responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta; el primero por el cual podría alcanzar hasta 12 años de prisión y una indemnización para la reparación del daño por 13 millones de dólares.

Vega Casillas aclaró que estos dos delitos no están tipificados por la ley como graves, sin embargo a nivel administrativo la ex servidora pública se haría acreedora a su inhabilitación y a nivel penal a la incautación de bienes.

La presunta defraudadora trabaja como analista de productos en Petróleos Mexicanos Internacional (PMI) desde el 4 de agosto de 1997 y fue nombrada subdirectora comercial de Destilados Intermedios el 13 de agosto de 2002.

El titular de la Secretaría de la Función Pública recalcó que por el encargo y las facultades que esta ex funcionaria tenía, podría ser la única responsable de estos actos ilícitos.

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