Una demanda por difamación por parte de un gobierno genera la percepción de censura e inhibe la inversión privada en proyectos públicos, aseguró Consorcio Rivada.

No obstante, el consorcio dijo que está dispuesta a enfrentar la demanda que interponga en su contra el gobierno mexicano.

El hecho de que un gobierno demande a un individuo o una empresa por difamación, constituye un acto de censura en si mismo e inhibe la participación del sector privado en cualquier contrato de Asociación Público Privada por los riesgos que ello implica , afirmó.

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La semana pasada, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer que decidió contratar a la firma estadounidense Jones Day para emprender acciones legales en contra de Rivada Networks y su director ejecutivo, Declan Ganley, por las descalificaciones al proceso de la red compartida que pretenden desprestigiar a México, a sus instituciones y a la SCT.

Al respecto, Rivada dijo que ante la amenaza de la SCT de emprender una demanda por difamación en contra de la empresa Rivada Networks y de su Director General, Declan Ganley, la empresa manifiesta su entera disposición a enfrentar dicho proceso en las cortes norteamericanas ya que constituye un hecho histórico, sin precedentes a nivel global .

El consorcio insistió en que los argumentos que ha presentado Rivada son ciertos y se basan en acciones concretas y testimonios bajo juramento, ordenados por un Juez. Por lo que, la empresa mantendrá distintas acciones legales con el propósito de salvaguardar los derechos del mismo, así como de los mexicanos, que claramente, han sido engañados por el proceso conducido por la SCT y que resultará en la afectación de al menos 8.5 millones de personas de los sectores más desprotegidos del país .

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Sin embargo, Rivada no sólo deberá enfrentar la demanda de la SCT, también la de Altán quien también dio a conocer que hará valer sus derechos ante los tribunales competentes dado que todas las expresiones y acusaciones vertidas por Rivada Networks, su CEO y sus voceros carecen de sustento, son radicalmente injustas y pretenden retrasar y, eventualmente, impedir el desarrollo eficiente de la Red Compartida .

Consorcio Altán también rechazó haber accedido a información privilegiada o confidencial en la elaboración de su oferta, así como cualquier otro trato preferente en el transcurso de la licitación, así como acusó Rivada.

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mfh