Piratería y contrabando generan un hueco fiscal al Estado mexicano por 250,000 millones de pesos en el último año, que representa cerca de 2% del PIB, derivado de la evasión de impuestos que se ha detectado en diversos sectores productivos afectados por este ilícito, reveló la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

En el marco del Foro Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor, realizado por la Concamin, el presidente de los industriales de México, Francisco Cervantes, recomendó al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador atacar la piratería y contrabando, que no sólo debilitan a la industria sino dañan las arcas del gobierno mexicano, y si pretende cerrar las fugas de dinero y emprender una política de austeridad, “ahí está el reto”.

“El gobierno pierde recursos que podría obtener a través de la recaudación de impuestos”, aseveró Cervantes.

Tan sólo la industria del tabaco registró una evasión fiscal por 6,000 millones de pesos; calzado, 2,000 millones; alcohol, 6,000 millones; ropa, 24,000 millones, y 1,000 millones el sector eléctrico baja tensión.

Además de las sumas millonarias en desvíos de impuestos que hacen seudoempresarios en acero, autopartes, autos usados, cosméticos, libros, refrescos, entre otros.

Alejandro Gertz Manero , asesor en materia de seguridad de la Secretaría de Seguridad del gobierno electo, se comprometió con los empresarios a hacer un frente común, que definan responsabilidades, pues las cifras de pérdidas y evasión fiscal han empeorado.

Advirtió que de seguir este problema en el país, en el que se destruye a la cadena de producción y comercialización, “no vamos a avanzar”.

La Confederación de Cámaras Industriales ha elaborado un documento sobre la actividad del contrabando y piratería que concentra todos los puntos que afectan a las diferentes industrias y solicita cambios legislativos.

El presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, Gonzalo Salafranca, especificó que en México se tienen unas 256 marcas de cigarros piratas que afectan al erario con una evasión de 6,000 millones de pesos.

El vicepresidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, Juan Manuel Chaparro, sostuvo que la evasión fiscal en su sector se estima en 960 millones de pesos.

En el sector de bebidas destiladas, por ejemplo, se calcula que el mercado ilegal asciende a 36% con un valor de 19,430 millones de pesos; en el sector de manufacturas eléctricas, los productos pirata o fuera de norma tienen un desempeño inferior e incrementan los riesgos de seguridad, lo cual es una preocupación a nivel internacional.

Los sectores afectados convocaron al próximo gobierno a continuar con el trabajo de mecanismos como la Mesa de Combate a la Ilegalidad, con la participación de SAT, Secretaría de Economía, PGR, Cofepris e IMPI por el sector público y representantes de la Iniciativa Privada.

Se revisarán funciones de aduanas: Batres

Senado buscará tipificar como delito grave uso de facturas apócrifas

El Presidente del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, se comprometió con los industriales a promover cambios legislativos para tipificar como delito grave el uso de facturas apócrifas, endurecer las penas contra la subvaluación y revisar las estructuras que no han dado resultados en las aduanas, que han provocado el repunte de la piratería y contrabando en México.

Dijo que se han planteado desde reformas constitucionales hasta legislaciones secundarias para trabajar de manera conjunta y atacar el fenómeno que merma los ingresos fiscales del estado.

Ante integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales, en el marco del foro Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor, el senador de Morena externó el compromiso del nuevo gobierno por combatir esos flagelos y emprender una política industrial para que el país vuelva a crecer.

Al ser cuestionado sobre las legislaciones a revisar, expresó: “hay legisladores que lo han planteado, que la facturación falsa se considere un delito grave; de tal manera que pueda haber más herramientas para combatirlo e inhibirlo. Eso es esencialmente lo que se está planteando”.

Batres reconoció que no son suficientes los controles que existen en las aduanas, por lo que se requieren, además de medidas legislativas, decisiones de gobierno y políticas públicas para enfrentar los problemas de corrupción que afectan la industria nacional y el empleo. Otro de los factores es el combate a la corrupción; estos productos entran por algún lugar y por donde entraron, es que hay corrupción.

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