La Suprema Corte sobreseyó ayer la controversia constitucional que promovió la Cámara de Diputados en contra del decreto presidencial por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, y publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre del 2008.

Y es que se consideró que los diputados federales no cuentan con interés legítimo en el caso, tras explicar que el Ejecutivo federal cuenta con facultades para emitir leyes en materia de comercio exterior, mismas que le otorgó el Congreso de la Unión.

El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia indicó que la Constitución establece un procedimiento normal para la formación de leyes, y que existen otros extraordinarios, entre ellos el que establece el Artículo 131 de la Carta Magna, y mediante el cual se permite que el Presidente de la República, en materia de comercio exterior, pueda emitir leyes.

Entonces si la propia Cámara de Diputados, en el caso concreto, aprobó el ejercicio de estas facultades extraordinarias por parte del Ejecutivo, lo que hizo fue incorporar como un acto propio del Poder Legislativo el contenido de la ley originalmente expedida por el Ejecutivo , dijo el ministro Mayagoitia.

Si después de aprobada la ley en controversia constitucional se pretende impugnarla, está impugnando en realidad un acto propio de la Cámara de Diputados, es ley ya aprobada por la Cámara de Diputados y no puede venir en controversia a impugnar un acto propio, tendría que ser a través de acción de inconstitucionalidad , puntualizó.

Así, el decreto validado por los ministros estipula, entre otras cuestiones, que en la importación definitiva al país de vehículos usados bajo trato arancelario preferencial, previsto en los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales de los que México es parte, el importador deberá cumplir con las formalidades y requisitos que dichos ordenamientos establecen.

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