Del presupuesto que se prevé para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para el 2013 (4,474 millones 889,781), menor en 2% con respecto al 2012, se destinarán 53 millones de pesos para la actualización y registro de agrupaciones sindicales, así como a asesoría y capacitación a sindicatos y trabajadores para impulsar la productividad, ambos temas que se consideran como fundamentales en los cambios en la recientemente aprobada reforma laboral.

El mayor destino del gasto que prevé la dependencia está encaminado al Programa de Apoyo al Empleo, en donde se promueve la colocación en un empleo o actividad productiva de personas desempleadas o subempleadas, mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie para capacitación, autoempleo, movilidad laboral y apoyo a repatriados.

Así, en este apartado se prevé una asignación de 1,840 millones 403,849 pesos presupuestales, de los cuales para están etiquetados para el desarrollo de programas como Bécate, Movilidad Laboral Interna, Fomento al Autoempleo.

Cabe destacar que la STPS en el 2012 incluía un programa de impulso para el empleo de los jóvenes y grupos en desventaja por 600 millones de pesos. Sin embargo, en el proyecto para el próximo año no contempla tal apartado.

De acuerdo con datos del INEGI, la tasa de desempleo de jóvenes de 14 a 24 años es de 9.9%, es decir ?1 millón 53,134 personas.

La nueva administración mantiene el Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral –surgido en el 2009 ante la crisis económica-, para el cual la dependencia contempla un monto de 32 millones 900,000 pesos como presupuesto, apenas mayor en 3 millones 386,408 pesos.

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

Con respecto a la impartición de justicia en materia laboral, se prevé haya recursos por 854 millones 90,491 pesos, monto superior en 34 millones 340,613 al aprobado en el 2012.

En lo que respecta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se tendrá especial énfasis en el abatimiento del rezago histórico de los asuntos individuales, así como para disminuir gradualmente el tiempo de resolución de juicios, en especial, aquellos en los que se promueven acciones de despido contra organismos públicos.

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