El proyecto del Presidente Andrés Manuel López para construir un aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía sigue suspendido por orden judicial, así que la autorización que otorgaron las autoridades del Medio Ambiente para continuar con la obra es uno de varios requisitos que se deberán de cumplir, dijo Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Bajo el colectivo #NoMásDerroches, del que forma parte la Coparmex se continuará defendiendo la legalidad de las obras y procurando la correcta inversión de los recursos públicos.

De Hoyos precisó que aún faltan estudios, dictámenes y permisos en materia cultural, arqueológica, de seguridad, de viabilidad aeronáutica, y de estrategia social, política e interinstitucional.

“La autorización de Semarnat es solo uno de numerosos requisitos que puso el Poder Judicial de la Federación para que pueda iniciar la construcción del Aeropuerto Internacional Santa Lucía (AISL). Al día de hoy, se encuentran vigentes once suspensiones judiciales que condicionan dicho proyecto al cumplimiento de los requisitos indicados”, refirió.

 

El artículo 10 de la Ley de Aeropuertos indica que para que pueda construirse un aeropuerto civil, el encargado del proyecto debe contar con un título de concesión, el cual únicamente se le puede otorgar a una sociedad mercantil.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quien, como lo ha afirmado el Gobierno de México, será la encargada de construir y operar el Aeropuerto de Santa Lucía, ni cuenta con título de concesión ni es una sociedad mercantil.

“La construcción de un Aeropuerto Internacional no admite improvisaciones: es necesario que se cumpla a cabalidad lo que establecen las leyes mexicanas y los tratados internacionales”, recalcó el dirigente empresarial.