El gobierno de la Ciudad de México refrendó un contrato con Telmex sobre servicios de videovigilancia y tecnologías de la información, que en el corto plazo deberán apoyar en la mejoría de las políticas de seguridad y de protección civil, y dotar además de nuevos accesos de Internet público a los capitalinos.

La firma entre la CDMX y Telmex involucra directamente a los programas “Ciudad Segura” y “Ciudad Digital”; se anunció el 30 de diciembre de 2018, es efectivo desde el primer día de 2019 e implica un ahorro de 307 millones de pesos y nuevos despliegues de conectividad para dependencias de gobierno y 96 plazas públicas de la ciudad.

CDMX presume beneficios para los capitalinos

El programa Ciudad Segura es el que gestiona las videocámaras conectadas al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX, mientras que Ciudad Digital dirige la estrategia para hacer eficientes las operaciones de las dependencias del gobierno en su trato con los habitantes.

Según el gobierno de la capital, la renegociación obliga a Telmex a construir redes adicionales de fibra óptica por un valor de 156 millones de pesos; a habilitar entre 2019 y 2020, puntos Wi-Fi en 14,500 de los 15,300 postes donde se encuentran instaladas las cámaras de vigilancia y aumentar de dos a 20 megas de velocidad las conexiones de esas cámaras en temas de seguridad, lo que debiera traducirse en mejoras en las acciones contra la delincuencia desde el C5.

También se prevé la conexión a alta velocidad de los 150 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) y 56 bibliotecas, y mudar el servicio de telefonía tradicional de las dependencias capitalinas a uno sobre IP, como una manera de generar eficiencias de recursos.

Polémica por el proceso de otorgamiento

El contrato del gobierno fue entregado a Telmex por adjudicación directa y eso ha provocado que en el sector haya quien defienda este otorgamiento con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, pero también quien demande el uso obligatorio de licitaciones públicas para este tipo de procesos.

El director de la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX, José Merino, ha afirmado que la renegociación del contrato se respaldó en el artículo 54 de la citada legislación, mientras que el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (Idet) opina que el gobierno capitalino debió licitar en concurso público el nuevo contrato, con el fin de mejorar las condiciones y costos económicos para los habitantes de la ciudad, y por ser Teléfonos de México el agente económico preponderante en la industria de telecomunicaciones.

Los contratos originales entre Telmex y el entonces gobierno capitalino datan de los años 2008, 2011, 2012 y 2013, cuando no existía el marco regulatorio vigente y cuando Teléfonos de México no era considerada la empresa preponderante del sector, pues fue hasta marzo de 2014 en que el Instituto Federal de Telecomunicaciones –el nuevo órgano regulador– le impuso un decálogo general de políticas asimétricas con el fin de generar condiciones de equilibrio en el mercado de telecomunicaciones.

Diferencias de opinión por el acuerdo CDMX-Telmex

El Idet sostiene que al ser Telmex un agente económico regulado de manera asimétrica desde 2014, no goza de libertad tarifaria y por tanto no puede acordar tarifas con entes públicos, como es el caso del gobierno de la Ciudad de México, pues sus tarifas de servicios tienen que ser aprobadas por el regulador IFT y entonces alertó a ese órgano a esclarecer si con esta firma de contrato existe o no una práctica de Telmex para desplazar a sus competidores.

Idet cita que, por ejemplo, el programa de Ciudad Segura reporta dos contratos multianuales de servicios, uno entre 2008 y 2011 por un monto de 459 millones de dólares –según su informe– y otro entre 2013 y 2017 por un total de 4,550 millones de pesos, y que ambos fueron entregados por adjudicación directa a Telmex, de ahí la preocupación de este organismo por la realización de procesos de licitación pública.

“En el Idet creemos que la relevancia de las contrataciones gubernamentales en el sector de telecomunicaciones hace necesario establecer procesos abiertos de licitación, donde las condiciones de competencia sean equilibradas y permitan ofrecer a los gobiernos y, por ende a la sociedad, mejores servicios bajo criterios transparentes y abiertos”.

La agencia Mediatelecom Policy & Law considera que el contrato logrado por la CDMX beneficia a los capitalinos, porque se incrusta en el marco de la expedición de una ley de operación y de innovación digital y porque asegura inversión en infraestructura y crea nuevos puntos de conectividad para los habitantes y las dependencias de gobierno, por tanto, sostiene Jorge Fernando Negrete, director en Mediatelecom, “no hay que confundir las competencias y la regulación del IFT” con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la que se apoyó el gobierno capitalino para firmar este acuerdo.

¿Sólo Telmex podía cumplir las demandas de la CDMX?

Agustín Ramírez, abogado especializado en telecomunicaciones del despacho Ouraboros, establece que el gobierno de la Ciudad de México se apegó a la legalidad en la firma del acuerdo con Telmex.

Ramírez cuestiona si Telmex fue el operador de telecomunicaciones que ofreció las mejores garantías para que la autoridad capitalina pueda cumplir con su estrategia de seguridad y prestación de un Internet público para los capitalinos y entonces sea esa la razón de entregar nuevamente el contrato a esta empresa. Así, está en la autoridad local transparentar más este caso para despejarlo de todas dudas.

En el trimestre julio-septiembre de 2018, Telmex invirtió 2,507 millones de pesos en la construcción de redes de datos y transmisión, según los reportes financieros de la compañía a la Bolsa Mexicana de Valores. Esta inversión significó una baja de 79.81% frente al periodo abril-junio del mismo año, cuando invirtió 3,141 millones de pesos.

De acuerdo con datos de las empresas a la BMV, durante el trimestre julio-septiembre de 2018, Axtel invirtió 709 millones de pesos en sus redes y Megacable, 1,443 millones de pesos. Izzi Telecom informó que entre enero y septiembre de 2018 dirigió 111.9 millones de dólares a sus redes, 2,155 millones de pesos al tipo de cambio de este día. Totalplay no reporta a Bolsa.

“Sobre el contrato de Telmex-CDMX hay que distinguir los marcos jurídicos aplicables”, dice Agustín Ramírez, del bufete Ouraboros, y añade:

“Cualquier contrato con el Estado se rige por las leyes de adquisiciones, mientras que al IFT corresponde regular el mercado a través de medidas asimétricas cuando se observan determinadas concentraciones, que no se miden por el número de contratos, sino por cobertura, entre otros aspectos, así que el contrato de la CDMX es legal y si con dicha cobertura se amplía la concentración geográfica de Telmex, entonces el IFT tendrá que medir la concentración y en su caso determinar si impone o no medidas adicionales de preponderancia”.