El presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), Mauricio Jessurun, incorporó a la propuesta de ajustes a la ley de obra pública la necesidad de establecer una diferencia entre contratar una obra y un servicio.

Como organización, participamos en la prestación de servicios, en la elaboración de proyectos ejecutivos, la planeación inicial de diseños o de supervisión de obras y representamos cerca de 10% de la inversión total de una construcción. Nuestra participación es estratégica , dijo el empresario.

La Cámara, que agrupa a 500 empresas y 60% de ellas está vinculado con el sector de infraestructura, presentó diversas propuestas que Jessurun resume en dos puntos: lograr que la contratación de los servicios en todas las obras se fundamente en una combinación de calidad y el precio, como ya se observa en algunos casos de legislaciones estatales.

En segundo lugar, impulsar la creación de la figura de gerencia de proyectos, que una persona externa, debidamente capacitada, atienda labores que ahora realizan los residentes de obra (dictámenes y servicios legales, sobre todo, los relacionados con la liberación del derecho de vía y la adquisición de maquinaria, entre otras) y que, por la excesiva carga laboral, la toma decisiones no fluya con rapidez necesaria en ocasiones.

La gerencia es la gran administradora y es una práctica internacional exitosa en Estados Unidos y algunos países de Europa. De hecho, existe el Project Management Institute y varias de las licitaciones que se realizan deben contar con su certificación. Debemos incorporara, las experiencias que más nos ayuden , agregó.

EL TEMOR A DECIDIR

El Presidente de la CNEC manifestó que ha sido una buena idea la elaboración de un documento por parte de todos los involucrados en la construcción de infraestructura, porque permite crear una voz con posibilidad de ser escuchada.

En servicios, en la ley hay un artículo que plantea la posibilidad de asignaciones directas en la elaboración de estudios o proyectos pero no la hemos visto funcionando en la realidad porque el funcionario no se atreve a tomar la decisión porque corre el riesgo de que le caigan auditorías. Las decisiones no se toman por miedo , refirió Mauricio Jessurun.

Al igual que los constructores, los prestadores de servicios de consultoría consideran que una mejor regulación permitirá que los procesos sean más expeditos para detonar la infraestructura necesaria, como se ha manifestado en el proyecto de la Ley de Asociaciones Público Privadas presentada recientemente.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx