El Consejo Técnico, máxima autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acordó por unanimidad mantener el criterio para determinar el pago de pensiones con un límite de 25 salarios mínimos, al amparo de la Ley del Seguro Social vigente al 30 de junio de 1997.

Lo anterior, derivado de la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), publicada el viernes 24 de enero en el que fijaba en 10 salarios mínimos la base para cuantificar las pensiones.

La resolución indicaba que, cuando un trabajador de la generación de transición elija el régimen de la ley de 1973, el tope aplicable es el de 10 veces el salario mínimo a su pensión; mientras que, si el trabajador opta por el régimen de la ley de 1997, le aplicará el tope de 25 veces el salario mínimo, para lo cual deberá cumplir con 1,250 semanas laboradas.

Durante la sesión del órgano de dirección tripartita —integrada por trabajadores y patrones— del Seguro Social y que preside el director del IMSS, Zoé Robledo; el director Jurídico del IMSS, Antonio Pérez Fonticoba, presentó el proyecto que establece que las direcciones de Incorporación y Recaudación; de Prestaciones Económicas y Sociales, y Administración llevarán a cabo las acciones normativas y administrativas necesarias para el cumplimiento de este acuerdo.

También se pidió a las direcciones normativas del Instituto Mexicano del Seguro Social que brinden el apoyo necesario para el cumplimiento de los objetivos de este criterio antes mencionados.

En la votación estuvieron presentes los consejeros del sector patronal: Jorge Dávila Girón, Salomón Presburger Slovik y Manuel Reguera Rodríguez. Del sector obrero: José Luis Carazo Preciado, Rodolfo González Guzmán, Constantino Romero González y José Noé Mario Moreno Carbajal.

El martes, en un comunicado, el titular del IMSS afirmó que “nadie corre riesgo en el monto de su pensión, no se rasura nada como encabezó un medio de comunicación, no hay recálculo, no hay disminución”.

Al respecto, Ricardo Martínez Rojas, socio fundador del despacho De la Vega & Martínez Rojas, aseguró que esta confusión en torno a las pensiones debe ser tomada como un llamado de atención para el sistema mexicano.

Tras señalar que desde el inicio la ley de las afores se generó mucha confusión, Martínez Rojas vaticinó que “en el 2026 habrá crisis porque es el año en donde se acaba el bono demográfico, el periodo donde la población activa e inactiva en edad de trabajar superan en cantidad a las personas económicamente dependientes, de ahí la urgencia de avanzar en tema de las pensiones”.

pmartinez@eleconomista.mx