Los concesionarios de la banda de 2.5 GHz, actualmente en proceso de rescate, confían en que podrán llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno con el que ganen el Estado, las empresas y los usuarios.

Alejandro Mayagoitia, presidente de la Asociación Nacional de Servicios Inalámbricos de Telecomunicaciones (Ansitel), dijo que para los concesionarios de la banda de 2.5 GHz es muy importante la postura del nuevo gobierno en cuanto a que hayan declarado interés en el tema.

Por su parte, Patricio Zorrilla, vicepresidente de Ultravisión, dijo: Aceptamos y apoyamos el proyecto presidencial porque propone diseñar y aplicar una política de telecomunicaciones donde todos los concesionarios participen y no solamente determinados grupos .

Agregó que la información que ha presentado la empresa ante la SCT demuestra la óptima utilización del espectro para la transmisión de datos y video, faltando solamente la fijación de una contraprestación para prestar servicios de Banda Ancha Móvil, ya que actualmente ofrece servicios de banda ancha fijos.

En tanto, Mayagoitia dijo que el próximo año habrá muchas solicitudes de prórroga de las concesiones concedidas en 1997 de servicios de paging, de la banda de 10.5 GHz, 3.5 y 1.9 GHz, por lo que la postura que tome el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto respecto de la renovación de concesiones de telecomunicaciones dará una señal clara a los inversionistas nacionales y extranjeros.

El criterio que se aplique para nosotros (los concesionarios de la banda de 25 GHz) será el que se aplique para todos. Será una decisión de máxima importancia dijo Mayagoitia.

Se debe establecer -agregó- una política de telecomunicaciones que asegure el crecimiento de la industria y las inversiones.

Tras su nombramiento como titular de la SCT, Ruiz Esparza dijo que el procedimiento de rescate está en marcha y es un procedimiento legal que tiene que seguir.

No obstante, reconoció que existe la posibilidad de que pudiera suspenderse dicho proceso, siempre y cuando se llegue a un acuerdo que beneficie al Estado y a los concesionarios.

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