Tal y como lo ha venido manifestando el gobierno de Iván Duque desde su posesión, durante su mandato podrían concretarse algunas enajenaciones que le permitirían al país obtener los recursos necesarios para cumplir las metas fiscales y a su vez invertirlos para beneficio de la economía nacional.

Uno de esos movimientos se dio a conocer el martes pasado a través de un documento de Minhacienda donde se detalla que se está estudiando cuánto podría ganar el gobierno con la enajenación de 51% que tiene en la empresa de servicios Interconexión Eléctrica SA (ISA), compañía que según “ejercicios realizados por bancas de inversión en años recientes tiene una valoración cerca de los 13 billones de pesos colombianos (1.3% del Producto Interno Bruto, equivalente a unos 4,086 millones de dólares)”, señaló un informe de Anif que estima que de esta manera el gobierno podría ganar cerca de 6.6 billones de pesos (unos 2,009 millones de dólares).

Este valor no tendría en cuenta la venta que también reactivó Empresas Públicas de Medellín (EPM) el martes de 10% de su participación en ISA.

El documento se conoce semanas después de que el gobierno señalara que también podría activar la venta de 8.5% restante que tiene autorizado en las acciones de la Nación en Ecopetrol, proceso que se encuentra pausado, pero que también haría parte del plan con el que la administración de Duque, conseguiría recaudar aproximadamente 7 billones de pesos (2,131 millones de dólares) faltantes del presupuesto.

Pese a que aún no hay un pronunciamiento oficial por parte del gobierno respecto a estos posibles movimientos, fuentes cercanas al proceso señalaron que por el momento sólo se está haciendo una evaluación del portafolio de activos de la nación, por lo que esto no significa que se haya aprobado un programa de enajenación como lo dijo Bloomberg.

Pese al ruido que generan estas operaciones, analistas aseguran que podría ser una buena fuente de inversión si se invierte adecuadamente. Omar Suárez, señaló que “la venta de ISA seguramente responde a un tema de una necesidad fiscal para poder cumplir en el corto plazo esos límites que exige la regla fiscal del 2020 para adelante. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de una compañía muy llamativa con unos márgenes de rentabilidad y de flujo de caja que los últimos años han sido interesantes”. El gobierno también hará el estudio de si es más rentable recibir esos 6.6 billones de pesos directos o si lo más adecuado para las finanzas del país en el mediano plazo es seguir recibiendo cerca de 91 millones de dólares en dividendos por año.