La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) solicitó al Ejecutivo Federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de Tabasco, ya que se afectaría de manera grave el proceso de competencia, además que sentaría un mal precedente para otras entidades del país.

Alejandra Palacios, presidenta de la Cofece, dijo que, después de un análisis en la comisión, “tenemos facultad de solicitarle al Ejecutivo Federal que presente una acción de inconstitucionalidad. Tenemos que armar un caso de por qué es importante que reciban nuestra solicitud”.

Destacó que, a pesar de que la Cofece es un organismo autónomo, en este caso es necesario pedir autorización al Ejecutivo Federal a través de la PGR que actúa como el abogado de la Federación.

“Ya hicimos la solicitud, el Ejecutivo lo está analizando y a finales de la próxima semana sabremos si es sensible a nuestra preocupación e intercede por nosotros ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar la acción”, refirió.

La presidenta de Cofece reconoció que es un tema que va a heredar la siguiente administración, pero se trata de “un caso muy relevante, porque si no se modifica lo que sucedió en Tabasco sucederá en cualquier lado”.

“Lo que he dicho públicamente es que esa ley es contraria a los artículos 28 y 134 constitucionales y que íbamos a analizar los medios que nos permite la constitución para pedirle una revisión a esa ley”, indicó.

En octubre pasado, Alejandra Palacios planteó que se debe promover una Ley General de Contratación y Obra Pública, con mejores prácticas, para que ningún estado tenga facultad de modificar sus leyes y proteger a algunos proveedores locales.

Previamente manifestó: “Al ser claramente contrarias a la Constitución, estamos analizando los medios legales a nuestra disposición, para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un análisis de control constitucional. En nuestro documento sobre compras públicas ya hablábamos de la necesidad de una ley general de contrataciones públicas para que no puedan pasar casos como éste”.

Discrecionalidad

De acuerdo con la Cofece, la reforma aprobada por el Congreso estatal el 26 de septiembre pasado amplía sin fundamentación objetiva el margen de discrecionalidad de la autoridad en la asignación de contratos, al extender los supuestos de excepción a la licitación pública y la adjudicación directa de contratos, con los consecuentes riesgos en el debido ejercicio del presupuesto público.

Tras la modificación, Alejandra Palacios calificó como lamentable y preocupante que en el estado de Tabasco se cambie la legislación en el sentido de que las grandes adquisiciones, que donde se necesita más competencia, se hagan a través de adquisiciones directas.

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