Efectuar compras públicas bajo criterios “obligatorios” de competencia económica debería ser una de las apuestas de la próxima Presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para el combate frontal de la corrupción, además de que poner un piso parejo para los participantes generaría ahorros presupuestales de hasta 30%, afirmó Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Al presentar la Agenda de Competencia para un Ejercicio Íntegro en las Contrataciones Públicas, que contiene seis recomendaciones de mejora de los concursos públicos que no requieren cambios legislativos, la funcionaria informó que en breve se reunirá con el nuevo gobierno para coordinar mecanismos y herramientas para la sana competencia en las licitaciones y un mejor acceso a las pequeñas y medianas empresas.

AMLO se ha comprometido a terminar con la corrupción en la ejecución del gasto público, de modo que Palacios Prieto propuso que la participación de la Cofece en licitaciones públicas relevantes se haga obligatoria, de modo que se propicien concursos competidos y transparentes que den pie a mejores precios y calidad en los aprovisionamientos.

Lo anterior es posible, afirmó la presidenta de la Cofece, a través de la emisión de un decreto presidencial.

En conferencia de prensa, la zar antimonopolio en México reveló que la Cofece ha identificado sobreprecios de entre 15 y 30% en los abastecimientos que contrata el gobierno federal.

Ejemplificó con los casos en los que el gobierno pagó sobreprecios conjuntos por más de 350 millones de pesos en la compra de guantes de látex y de condones y sondas, luego de que los proveedores se coludieran para vender más caro. Estos casos fueron investigados y sancionados por la Cofece.

Reportó que, durante el 2017, las contrataciones públicas ascendieron a 585,000 millones de pesos, “recursos que con mayor competencia se habrían maximizado y traducido en servicios e infraestructura de mejor calidad”.

Palacios Prieto aseveró que el cambio de gobierno en México siempre es una oportunidad para sumar esfuerzos; se tiene una oportunidad única para abatir la corrupción a través de las compras públicas, por medio de la competencia, lo cual inhibirá los sobreprecios y permitirá que un mayor número de empresas, de todos los tamaños, participen de forma equitativa, sin colusión y sin privilegios.

“Queremos trabajar proactivamente entre varias dependencias para mejorar el sistema de contrataciones públicas. Nuestro lema es: ‘Un México mejor es competencia de todos’. En este caso es competencia de las unidades que compran”, comentó.

Agenda de trabajo

La Cofece exhortó al gobierno federal, al equipo de transición y los legisladores a valorar la Agenda de Competencia para un Ejercicio Íntegro en las Contrataciones Públicas, en tanto que el ente regulador seguirá con sus investigaciones, y en caso de encontrar casos de colusión en la contratación pública procederá a sancionar.

Palacios Prieto se pronunció por una ley general de obras públicas que contemple que los estados tengan un estándar único de buenas prácticas de contratación. “Las leyes generales hacen que tengamos un piso mínimo, y que en la medida en que se contrate se haga de manera competida”, afirmó.

La Cofece pondrá en la mesa la propuesta de mercado virtual, en la cual se encuentren las empresas que venderán bienes y servicios al gobierno federal, en donde se le facilita la participación de las pequeñas empresas, mas no se privilegia.

“Una cosa es la consolidación de compras, que es: todos compramos lo mismo, pero de manera separada. Y otra cosa es la centralización, que es que alguien compre todo. Lo que proponemos es una plataforma electrónica porque permite la interacción de funcionarios y servidores públicos encargados de la contratación entre el agente económico competitivo. Diría que es un eBay, y facilita las compras”, abundó Alejandra Palacios.

El 6 de julio pasado, Carlos Urzúa, quien será el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la administración de AMLO, afirmó que el próximo gobierno centralizará en la personalidad de la SHCP las compras públicas, y para ello se auxiliaría de una plataforma electrónica “estilo Amazon”.

 

La voz de la experiencia

A lo largo de los años en los que ha investigado y monitoreado licitaciones públicas, la Cofece identificó 10 puntos frágiles en donde se puede dar al traste con la competencia.

1.- La colusión puede ocurrir desde la investigación de mercado.

Ciertas empresas pueden manipular las cotizaciones presentadas en la etapa de investigación de mercado para lograr posteriores adjudicaciones a precios mayores a los que prevalecerían en competencia. Para esto, las empresas pueden coludirse para lograr el establecimiento de un precio máximo de referencia (PMR) artificialmente alto.

2.- El diseño de la licitación es el mejor medio para promover la concurrencia y la competencia.

Deben establecerse únicamente los requisitos de participación estrictamente necesarios y que éstos sean transparentes, objetivos y no discriminatorios. Debe difundirse de manera oportuna con plazos razonables la información para que los participantes prepararen sus propuestas y utilizarse criterios objetivos para calificar la solvencia técnica y económica de las propuestas.

3.- Los de excepción a la licitación pública (adjudicaciones directas e invitaciones) limitan la competencia y son susceptibles a la colusión.

Los supuestos bajo los cuales pueden usarse estas excepciones son ambiguos y eso propicia un uso excesivo, por lo que es necesario restringirlas al máximo. Se requiere examinar a qué responde su utilización para diseñar soluciones específicas y atender casos particulares en los que su uso responda a una problemática particular y obligar a licitar cuando no la haya.

4.- La subcontratación puede utilizarse como mecanismo de colusión.

Permitir la subcontratación puede servir para dar cumplimiento a proyectos de mayor magnitud o para aprovechar la especialización de empresas. Sin embargo, también puede facilitar la colusión, sobre todo, cuando se permite entre empresas que son competidoras entre sí. La subcontratación puede ser utilizada como mecanismo de pago por acuerdos colusorios.

5.- Las empresas de un mismo Grupo de Interés Económico (GIE) pueden simular competencia.

Actualmente, mientras no exista un socio o asociado común, no está prohibido que dos o más licitantes que pertenecen a un mismo GIE presenten por separado ofertas en una misma licitación, incluso si están relacionadas entre sí. La presentación de múltiples posturas por un sólo GIE tiene efectos anticompetitivos cuando no permite la libre concurrencia a las licitaciones.

6.- El mecanismo de evaluación por puntos o porcentajes podría favorecer proposiciones que no representan las mejores condiciones de contratación.

El problema general de esta herramienta es que su objetivo es evaluar y comparar características muy disímbolas bajo una misma métrica. Conlleva discrecionalidad de quién decide los criterios, la ponderación, la evaluación de las diferentes características de los proyectos o bienes y servicios, repercutiendo generalmente en la objetividad de la asignación de los contratos.

7.- La modificación de contratos facilita la distorsión del proceso de competencia.

La ley actual considera la posibilidad de realizar modificaciones a los contratos de compra de bienes y de obra pública en hasta en 20 y 25% del monto de compra pactado.  Los convenios modificatorios deberían ser instrumentos valiosos para la continuidad de servicios, pero también suprimen la competencia al impedir a otros proveedores competitivos ofertar sus servicios.

8.- Las modificaciones de las concesiones, permisos y contratos se usan para evitar la competencia.

El otorgamiento de prórrogas a concesiones o permisos no se sujetan a reglas de transparencia. Esto podría traducirse en un mecanismo para que los concesionarios puedan alargar la temporalidad de sus títulos sin tener que sujetarse a la competencia.

9.- Se necesita inhabilitación, además de multas, para disuadir la colusión.

Las multas que impone la Cofece por actos de colusión tienen, en principio, un efecto disuasivo sobre la comisión de estas conductas. Sin embargo, debe ser complementada con otros mecanismos, como la inhabilitación para participar en licitaciones públicas.

10.- Las leyes y reglamentos de contratación pública de las entidades federativas contienen diversos obstáculos a la competencia.

La existencia de 32 marcos normativos diferenciados, que contienen en su mayoría preferencias para las empresas locales, podría dificultar y desincentivar la participación de empresas de otras entidades federativas que podrían tener mejores condiciones de precio y calidad en sus ofertas.

lgonzalez@eleconomista.com.mx