La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) lidera los trabajos para elaborar una propuesta de reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que permitan adecuar el marco jurídico para convertirlo en un factor que promueva y facilite la inversión en el sector.

Se dice que en la próxima administración federal la inversión de infraestructura representará más de 7% del PIB, actualmente es de 4%, y será un motor de la economía, entonces, tenemos que establecer las condiciones necesarias para que ocurra , comentó el vicepresidente de Normatividad de la Cámara, Manuel García.

En entrevista, el directivo explicó que España creó empresas constructoras con fuerte presencia internacional porque generó los elementos que dieron certidumbre al sector privado. Y se pregunta: ¿por qué en México no podemos hacer lo mismo?

En el documento que se presentará antes de concluir el año al Congreso de la Unión, vía el Consejo Coordinador Empresarial, un tema central es la creación de una comisión federal de contrataciones gubernamentales que tenga la facultad de dictar la política pública al respecto. Se plantea que la figura sea un símil de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Verificar la administración de ejecución de contratos, resolver controversias y aplicar sanciones a proveedores y contratistas son algunas de las atribuciones que debe tener. Incluso se plantea la posibilidad de tener un espacio en Compranet con información particular de los grandes ejecutores de obra (Pemex, CFE, Conagua, SCT y el IMSS).

PRIVILEGIAR EJECUCIÓN, LA APUESTA

El encargado de los temas de normatividad de la CMIC considera que la actual ley de obra pública se centra más en el contrato, en ver si te multo, si no te pago, si reviso un precio..., que en la ejecución de la obra .

Desde su perspectiva, la falta de una visión integral de los proyectos pone en riegos su viabilidad. Y como muestra está el fallido desarrollo portuario de Punta Colonet, en Baja California, que tendría una inversión superior a los 5,000 millones de dólares.

En los grandes proyectos, cuando están bien amarrados antes de presentarlos, te sobrarán postores, porque, si te sientas a revisarlos y encuentras que no es viable, no arriesgarás tu inversión , explicó.

También se contempla la posibilidad de que un perito externo brinde la asesoría en la ejecución de las obras si se presentan eventualidades y pueda resolverlas con prontitud para cumplir los contratos en tiempo y forma.

Para el socio director de la consultoría Softec, Gene Towle, es fundamental que los funcionarios involucrados en las contrataciones gubernamentales tengan la libertad de contratar a quien piensen que puede hacer mejor las cosas, porque los avances en la materia son insuficientes.

Los controles a ultranza contra la corrupción generan más corrupción. Si tienes, por ejemplo, al único que sabe hacer puentes postensados, ¿por qué tienes que hacer un concurso y darle la obra a quien cotizó más barato? , cuestionó.

Apuestan por comisión reguladora

Entre las innovaciones que propondrá la CMIC a implementarse a través de la ley de obras públicas, está la creación de una comisión federal de contrataciones gubernamentales, que tendría la facultad de dictar la política pública al respecto y debería tener un carácter jurídico de órgano desconcentrado, similar al de la Cofetel.

Temas relevantes en el proyecto de reforma

  • Modificar el sistema de evaluación en los proyectos concursados para generar mayor certidumbre y claridad. Se busca dar mayor peso y calificación a la parte técnica que a la económica.
  • Incluir el criterio de responsabilidad social empresarial como un factor relevante en el sistema de evaluación.
  • Integrar en los contratos los mecanismos precisos para definir la indemnización a pagar al contratista en los casos de rescisión, terminación anticipada, para dar certidumbre a las empresas.
  • Incluir en las obras menores a 5 millones de pesos un proyecto ejecutivo acorde a las necesidades presupuestados por la dependencia contratante.
  • Cambiar la fecha de presentación de las fianzas a partir de la firma del contrato y no a partir de la fecha de notificación del fallo de adjudicación.
  • Ampliar el plazo par presentar inconformidades de seis a 10 días, homologándolo con el plazo que existe en licitaciones bajo cobertura de tratados internacionales.

Controversias, ?un tema vivo

La última gran reforma hecha a la ley de obras públicas se realizó en el 2007 y se relacionó con el apartado de Inconformidades y procedimientos de conciliación, de acuerdo con lo que recordó el vicepresidente de Normatividad de CMIC, Manuel García.

Como toda ley, la que nos compete se debe ajustar a las necesidades actuales porque estamos en un sector muy dinámico y debemos atenderlas para ser más eficientes , comentó.

Con base en la experiencia de las 10,000 empresas asociadas a la Cámara, un punto que aún detiene el flujo de las construcciones son los trabajos adicionales que se deben realizar en algunos casos y obtener su pago implica largos procesos conciliatorios porque, a pesar de presentar los argumentos necesarios, se argumenta el hecho de no estar en el proyecto inicial.

Al respecto, García comentó que la ley de responsabilidades a los funcionarios públicos limita su actuar porque deben atender a los órganos fiscalizadores y suele optar por no complicar sus labores.

Sí, hemos logrado avances en la materia. Pero lo real es que llega a ocurrir que los encargados de atender las necesidades del sector no siempre están vinculados con los temas y las decisiones que toman no son las convenientes. Por eso, ahora, vamos juntos los participantes de la industria , dijo el empresario.

El otro gran pendiente por adecuar en la ley es el sistema de adjudicación de las obras, en el que, por normatividad, se sigue privilegiando a las propuestas que impliquen el costo más bajo, aunque no necesariamente sean las que cuentan con un respaldo técnico y profesional.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx