Si bien en México existen carencias y corrupción, los candidatos a la Presidencia del país deben hacer propuestas “realistas”, mas “no populistas o promesas vagas”, que lleve a la economía a deuda y crisis, pugnó el sector empresarial.

En la búsqueda de consolidar la aceptación de la población en edad de votar, se inició una lucha directa contra el sector privado, haciéndolo parecer como un ente negativo para el “pueblo”, definido como el conjunto formado por personas que pertenecen a las clases sociales de menor poder adquisitivo, cuestionó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

“Desprestigiar los avances provenientes del sector privado solo abona a la incertidumbre”, acotó.

Luis Foncerrada, director del organismo privado aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que el populismo es un arma muy eficiente para incidir en la percepción de las personas, pero también lo es para denostar el prestigio de instituciones o sectores.

Dijo que el populismo se apoya en aspectos como el descontento de la población con las autoridades en turno por temas de incumplimiento de promesas de campaña o por el enojo generado por actos de latrocinio de autoridades gubernamentales, así como con el sector empresarial acusado de limitar el crecimiento y el bienestar de la población.

A través de su análisis económico semanal, el CEESP comentó que “eliminar la corrupción no necesariamente significa que el gobierno federal recuperará los recursos suficientes para financiar sus necesidades, como lo afirma uno de los candidatos presidenciales, toda vez que el costo económico real de la corrupción e inseguridad, que según algunos cálculos puede llegar a representar hasta 15 puntos del PIB, recae en los hogares y las empresas, que son los que tienen que canalizar mayores recursos para solventar estos temas”.

El sector privado criticó la propuesta del candidato Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sobre la fijación de precios que se ha ofrecido como una propuesta de beneficio para los que menos tienen que significará un efecto contrario. El control de los precios de los productos serán aquellos que mayor capacidad de compra tienen. Los principales beneficiarios de este proceso nunca serán los grupos de menos recursos.

Las propuestas de crear nuevos programas asistenciales aumentarán la necesidad de recursos públicos adicionales que, dada la coyuntura, tendrán que financiarse a través de deuda, dijo Foncerrada.

El gobierno de Argentina, por ejemplo, llegó a pagar 5 puntos del PIB en subsidios generalizados. En México también se cuenta con experiencias negativas, ya que en el caso específico de los subsidios a la gasolina y al diesel, el costo para el gobierno durante los años 2007-2014 fue de 871,000 millones de pesos, beneficiando al 30% más rico del país, que es el grupo de mayor capacidad de consumo.