El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró necesario reformar el régimen de concesiones, para incentivar la inversión y mejorar los servicios a usuarios; además de que la asignación de contratos de obra no se base sólo en el menor costo financiero, sino en la mayor rentabilidad social de las obras.

Detalló que otro cambio importante es contemplar la separación de los dos principales componentes que son la construcción y operación de las concesiones, ya que son proyectos y negocios diferentes.

Aseguró que el crecimiento de México requiere una inversión pública eficaz y eficiente, que no distraiga recursos valiosos en obras improductivas o de baja rentabilidad social.

En el documento "La voz del CCE", se pronunció por un Consejo Nacional para la Competitividad y el Crecimiento entre las empresas y el gobierno, el cual formalice y dé proyección de los compromisos que ambas partes tienen en la Agenda por México.

Ello, luego de que dicha agenda contiene el compromiso de incrementar la inversión total del país hasta el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) anual, con una participación de la inversión pública de no menos de seis por ciento.

Pidió trabajar, como país, para apuntalar las mejores condiciones en un entorno de negocios en el cual predomine el Estado de derecho, la seguridad jurídica y de derechos de propiedad; incentivos eficaces, como puede ser un instrumento que estimule la repatriación de capitales, más competencia, competitividad y un mercado interno en expansión.

Por lo que, dijo, las reformas estructurales son imprescindibles, tanto la hacendaria, energética, educación y, desde luego, la laboral.

"Reiteramos el exhorto a concretar el gran paso que hoy puede darse en materia laboral, que dará una poderosa señal para la inversión productiva, generadora de más y mejor empleo".

Agregó que no se desaproveche esta coyuntura propicia y una iniciativa de reforma mejorable, pero que en lo fundamental recoge acuerdos históricos entre el sector obrero y el empresarial.

Que además propiciará la formalización del empleo y el desarrollo empresarial, en particular de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) con una certidumbre jurídica y adecuación a las necesidades y circunstancias de trabajadores y empresas.

MFH