La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo en el que se demanda se revoquen y rescindan todos los contratos que existan entre autoridades federales, Pemex y sus empresas subsidiarias y filiales, así como gobiernos y Congresos estatales que tengan con la empresa brasileña Odebrecht.

Rocío Nahle, presidenta de la Comisión, explicó que buscarán que la Cámara de Diputados instruya a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que lleve a cabo las investigaciones necesarias para revisar la legalidad de todos los contratos, concesiones, proyectos de prestación de servicios y/o asociaciones público-privadas en la que haya o esté participando Odebrecht, sus filiales o subsidiarias.

Nosotros tenemos una respuesta de Odebrecht en la que nos dice que no nos puede dar el contrato que firmó como testigo de honor Felipe Calderón cuando era presidente y Jordy Herrera (secretario de Energía en dicha administración). Para nosotros hay que hacer esa investigación donde Calderón es el responsable , dijo.

La legisladora de Morena señaló que la aprobación del punto de acuerdo dentro de la comisión es relativa a la cancelación de las concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público-privadas otorgados a Odebrecht, filiales y subsidiarias, luego de las denuncias de corrupción presentadas en su contra y donde están involucrados servidores públicos.

En las denuncias se ha hecho pública la probable participación de servidores públicos mexicanos , señaló.

Nahle consideró que el punto se deberá discutir este jueves en el pleno o a más tardar el próximo martes y su objetivo es muy claro: que el Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la PGR a que, en el ámbito de sus atribuciones, informen los avances de las investigaciones sobre el caso Odebrecht; la lista de todos los contratos que fueron suscritos entre Odebrecht, sus filiales o subsidiarias y la administración pública federal.

También se quiere que la Cámara de Diputados le solicite a Pemex informar al Estado que guarda el contrato de gas etano denominado Etileno XXI , así como la situación que guardan las relaciones contractuales con Odebrecht en este caso , dijo.

En la propuesta de punto de acuerdo que se hizo el 2 de febrero y que el 7 de ese mes se pasó a comisiones, se plantea exhortar a la cancelación de cualquier negocio que tenga Odebrecht, que la SFP presente los resultados de sus investigaciones y que la ASF realice una revisión de la legalidad de dichas concesiones y contratos. Además de cancelar la concesión otorgada a la empresa Odebrecht para privatizar el agua a través de Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz.

De acuerdo con el procedimiento seguido en la Comisión Anticorrupción, se sabe desde el 22 de diciembre del 2016 que Odebrecht aceptó haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos entre el 2010 y el 2014 y en ese periodo firmó un contrato en México con Pemex Refinación, dirigida entonces por Miguel Tame Domínguez.

Los sobornos fueron para asegurar contratos de obras públicas de las que Odebrecht obtuvo beneficios por más de 39 millones y en octubre del 2013 acordó pagar a un funcionario de alto nivel de una empresa estatal a cambio de ayuda con la obtención de un proyecto.

El 15 de febrero del 2014, Odebrecht firmó un contrato por 1,436 millones de pesos con Pemex Refinación para realizar el acondicionamiento, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo .

Este contrato debería terminar el 10 de agosto del 2015, pero fue modificado el 20 de noviembre del 2014 debido a la inclusión de volúmenes y conceptos no previstos e incrementos al monto original pactado. Por esta modificación, Pemex Refinación pagó un monto extra por poco más de 358 millones de pesos a la empresa brasileña. Es decir, se pagaron casi 1,795 millones de pesos , informó la diputada en su escrito.

luis.carriles@eleconomista.mx