En comisiones y sin modificar ni una coma, la Cámara de Diputados aprobó la minuta, devuelta por el Senado de la República, que reforma la Constitución en materia de desindexación del salario mínimo.

Durante la sesión ordinaria del pleno cameral se dio trámite de declaratoria de publicidad al dictamen correspondiente, mismo que se someterá a la discusión y eventual ratificación el próximo miércoles.

De ser aprobado por el pleno cameral, el decreto se enviará a los congresos locales para su eventual ratificación; se requiere del aval de al menos 16 legislaturas estatales para su promulgación y entrada en vigor. Los senadores sólo hicieron dos ajustes a la minuta original que los diputados federales les enviaron desde diciembre pasado.

El primero, introducido al artículo segundo transitorio del decreto, precisa que el valor inicial diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) será equivalente al salario mínimo general vigente en todo el país .

Fue necesario el cambio debido a que la minuta original establecía que el valor inicial diario de la UMA sería equivalente al salario mínimo general vigente en las áreas geográficas A y B, y desde el pasado 1 de octubre entró en vigor la homologación del salario mínimo para todo el país.

El segundo ajuste, realizado al artículo quinto transitorio, fija un plazo de 120 días naturales para que el Congreso de la Unión emita la ley reglamentaria que determine el valor de la UMA, previa aplicación de un método para actualizar la medida.

La exposición de motivos del decreto avalado aclara que la desindexación del salario mínimo no implica un aumento inmediato de los salarios, sino busca revertir la distorsión que se le ha dado a la figura al contemplarla como un referente de valor de mercado y no como un derecho constitucional.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social (Coneval), precisa, el monto del salario mínimo actual es insuficiente para cubrir el costo de la canasta básica y dicha situación de deterioro consistente se ha agudizado.

La reforma constitucional implica desvincular el salario mínimo como unidad de referencia de otros precios de trámites, multas, impuestos y prestaciones, entre otros, a fin de contribuir a establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, resarciendo gradualmente la pérdida acumulada por más de 30 años.

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