La industria automotriz de México demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador no permitir la regularización de los autos ilegales, pues el sector considerado el motor de la economía mexicana podría ser afectado con la disminución de 30% en sus ventas de manera inmediata y menores inversiones, así como desempleo.

Guillermo Rosales, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), informó que junto con sus asociaciones hermanas, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y la INA enviaron una carta al jefe del Ejecutivo en México, solicitando se permita explicar las razones por las cuales “no debe abrir esa ventana” para regularizar los autos ilegales.

Durante su visita a Tijuana, el presidente López Obrador instruyó al secretario de Seguridad Pública, a la de Economía y al SAT a que se analicen los esquemas que podrían permitir el ingreso de autos usados importados desde Estados Unidos, bajo el argumento de que “mucha gente adquiere estos carros por el precio, se ayudan, no podrían comprar carros nuevos”.

Entrevistado en el marco del evento Automotive Leaders Summit Three6Zero 2019, Rosales refirió que la industria se encuentra a la espera de que la Secretaría de Economía publique —en lo que resta de este mes— la ampliación el decreto automotor que regula la importación de usados, por lo que no existen motivos para otorgar concesiones, porque el problema de los usados aparece justo en época electoral, coincidente con Baja California y Chihuahua.

“En el periodo del 2008-2009, después del decreto de Vicente Fox que abrió la puerta a la importación de autos usados, la caída del mercado en comparación con el 2006 fue de 30 por ciento. Si comparamos el cierre del 2006 con el del 2009, hay una diferencia de 30%”, refirió. El directivo de la AMDA precisó que mientras en el 2006 ingresó 1 millón 570,000 vehículos chocolate, en el mercado mexicano se vendió 1 millón 130,000 unidades, lo que demuestra el grado de afectación.

“Ante los problemas de inseguridad derivados de la utilización de vehículos ilegales, la ruta correcta es la aplicación de la ley”, acotó.

Guillermo Rosales expuso que lo que urge es que “el gobierno federal lance un mensaje congruente con lo que han sido los postulados en favor de combatir la corrupción”, ya que, argumentó, la corrupción es el eje vertebral con todo lo que tiene que ver con los vehículos chocolate.

La AMDA respalda al gobierno del estado de Chihuahua en la campaña para evitar la circulación de vehículos sin identificación, lo que contrasta con el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, “quien por enésima ocasión promueve un censo de vehículos ilegales”.

El representante de los distribuidores consideró que sería un mal mensaje estar facilitando la regularización de los vehículos ilegales, porque lo único que van a estar haciendo es favorecer los intereses de personajes corruptos.