La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo público los razonamientos por los que el 12 de junio rechazó un amparo de Grupo Financiero Inbursa en contra de la separación funcional de Telmex y Telnor, acción ordenada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el 27 de febrero de 2018, resultado a su vez de una evaluación de la política regulatoria asimétrica impuesta desde 2014 a América Móvil y sus subsidiarias en la industria de telecomunicaciones. 

Hace dos semanas, la Segunda Sala de la Suprema Corte negó por unanimidad amparar a Inbursa y entonces dejó sin materia de discusión el recurso con expediente A.R. 431/2018 interpuesto por esa empresa el año pasado. 

Inbursa no es empresa de telecomunicaciones

Grupo Financiero Inbursa había argumentado básicamente tres ideas para frenar la separación funcional de Telmex/Telnor, al menos para no ser partícipe en ese proceso que consideró de un objeto social distinto al suyo; pero esos tres razonamientos no encontraron coincidencias en la Suprema Corte.

Inbursa sostuvo que las medidas aplicadas por el IFT en este ordenamiento son ilegales, debido a que la empresa no participa en el sector de telecomunicaciones con la prestación de servicios, ni cuenta con un título de concesión para ello. 

Inbursa también consideró que al obligársele a participar en la creación de una nueva persona moral a partir del brazo mayorista de Telmex/Telnor, se le estaría vulnerando su derecho constitucional de asociarse libremente con otra entidad para alcanzar objetivos lícitos.

La entidad indicó además que el IFT la obliga a participar en una acción no autorizada por la Secretaría de Hacienda, porque su foco de acción es el sector financiero y que el regulador tampoco motivó, cómo una empresa del grupo de interés económico al que pertenecen Telmex y Telnor pueden tener algún tipo de injerencia en las telecomunicaciones, como para obligarla a apoyar en el proceso de separación funcional de aquellas telefónicas.

Inbursa sí mueve recursos mayoristas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió las tres tesis promovidas por Inbursa y en respuesta indicó que si bien este grupo no participa en telecomunicaciones, el IFT sí cuenta con el respaldo constitucional para determinar en qué medida y cuándo se produce una intervención de las empresas del mismo grupo de interés económico de América Móvil en un “fenómeno regulado” como lo es la separación funcional.

En el poder judicial expusieron que el mercado de telecomunicaciones no es estático, que responde a estrategias de inversión y de movimientos de capital, entre otros, y por ello es que Inbursa puede tener injerencia directa o indirecta en reestructuras corporativas o modificaciones accionarias, por lo que el regulador no vulneró su derecho de libre asociación ni le ordenó participar en una acción fuera de su objeto social.

A parecer de la Corte, el IFT sí argumentó el ordenamiento de la separación funcional de Telmex/Telnor, con las evaluaciones de lo que ocurre en el mercado de telecomunicaciones y con el fin de volverlo uno más equilibrado en concurrencia y competencia. La SCJN resolvió también que Inbursa si podría detentar recursos relacionados con la provisión de servicios mayoristas y entonces el IFT está en posibilidad de ordenar que éstos se dirijan a la creación de una nueva persona moral.

“El IFT sí puede imponer obligaciones a Inbursa en el proceso de implementación de las medidas impugnadas (…) Si Inbursa detenta recursos relacionados con la provisión de estos servicios mayoristas, el regulador podría ordenar que sean aportados a la persona moral producto de las medidas impugnadas, siempre y cuando motive que estos son necesarios para permitir el efectivo desempeño del objeto social del operador mayorista y el cumplimiento de las medidas aplicables, en términos de las mismas medidas impugnadas”, dijo la Segunda Sala de la Suprema Corte.

Separación funcional continúa

El IFT ordenó en 2018 a Teléfonos de México y Teléfonos del Noroeste escindir su brazo de servicios mayoristas para crear dos compañías independientes dedicadas a la provisión de capacidad a terceras empresas del sector.

El regulador ordenó a esas telefónicas proveer servicios de desagregación de su red local, de los enlaces dedicados y también de la infraestructura pasiva bajo condiciones no discriminatorias a terceros operadores que ofrezcan servicios a usuarios finales y que le soliciten esos accesos.

El IFT también concedió el 29 de marzo una postergación a Telmex en el hito que establecía la entrega de planes de migración de personal y trasferencia de recursos de infraestructura hacia la entidad separada. El calendario marcaba el 30 de septiembre de 2019 como primera fecha, pero amplió el plazo para el 31 de enero de 2020. 

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