La policía brasileña arrestó este martes al ex senador Gim Argello e inició operaciones de allanamiento en tres estados del país, como parte de la extensa investigación por corrupción centrada en la compañía Petrobras, controlada por el estado, dijo una fuente de la policía.

La investigación, centrada en la compañía estatal de crudo Petrobras, descubrió corrupción sistemática en varias empresas y en los más altos niveles de gobierno desde que el Partido de los Trabajadores (PT) asumió el poder en el 2003. La mandataria no es investigada.

La vigésimo octava ronda de detenciones y allanamientos de la "Operación Lava Jato" se basa en evidencia de que un legislador recibió sobornos para garantizar que ejecutivos de grandes firmas de infraestructura no fueran llamados a testificar ante una comisión de investigación del Congreso en el 2014, informó en un comunicado la policía federal de Brasil.

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"Estos son hechos alarmantes porque sugieren que un comité de investigación del Congreso, que tiene un papel importante en nuestra democracia, fue usado por un senador para cometer actos de corrupción en vez de luchar contra ella", dijo el fiscal Athayde Ribeiro Costa en un comunicado.

La pesquisa que lleva dos años ha revelado un sistema de corrupción que involucra a varias compañías, incluida Petrobras , y a importantes funcionarios del gobierno del Partido de los Trabajadores, que asumió el poder en 2003.

Los fiscales dicen que las empresas de construcción UTC Engenharia SA y OAS SA le pagaron a Argello 5 millones de reales (1.44 millones de dólares) y 350,000 reales (100,519 dólares), respectivamente. Ejecutivos en esas firmas fueron arrestados en etapas anteriores de la investigación.

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Los allanamientos de este martes se llevaron a cabo en los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro y en el distrito federal, según el documento. Los potenciales delitos que están siendo investigados incluyen corrupción, lavado de dinero y asociación criminal.

El escándalo ha dado impulso a un pedido de la oposición para que la presidenta Dilma Rousseff enfrente un juicio político, a pesar de que la mandataria no está siendo investigada.

erp