Los instrumentos legales, las instancias para recibir las inconformidades y los argumentos a los que accederán quienes consideren que tendrán una afectación económica o una violación al debido proceso o a sus derechos tras la aprobación de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica por parte de los diputados son tantos y tan diversos que ni siquiera es posible medir todavía las acciones, estrategias o tiempos que se seguirán al respecto.

Así lo explicó la abogada especialista en energía, Miriam Grunstein, para quien en principio, a partir de este jueves además de que arranca el plazo para que el Senado como cámara revisora apruebe la iniciativa con carácter preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador, también inician los 30 días naturales para que el propio Senado introduzca una acción de inconstitucionalidad ante lo aprobado por los diputados. 

“En el ámbito de sus facultades, una minoría que es la tercera parte tiene el plazo establecido en el 105 constitucional para argumentar que lo aprobado se contrapone a los Artículos 25 y 28 de la Constitución”, refirió la abogada. Entre los senadores del PRI, el PAN y el Partido Verde, suman 45 legisladores, es decir, el 36%, cantidad suficiente para acceder a este recurso.

Sin embargo, dada la mayoría simple con que cuenta el Senado para respaldar esta ley, que sólo entre Morena y el PT suman 64 senadores, que es el 51% de la cámara, existen muchas posibilidades de que la iniciativa sea aprobada sin cambios, tal como ocurrió entre los diputados, por lo que aunque al día siguiente de su publicación los distintos inconformes inicien sus procesos legales, tardará días o semanas en vigor, afectando particularmente lo relativo al transitorio cuarto que al modificarse tiene efectos retroactivos sobre contratos ya pactados y en operaciones. 

De cualquier forma, se prevé que los juzgados en materia administrativa comiencen a recibir los amparos relativos a violaciones de derechos, como el que podría introducir la organización ambiental Greenpeace en favor del derecho a la salud si se genera con menos renovables, mientras que los especializados en competencia económica procesarán los que argumenten afectaciones en este sentido. 

“Se puede entorpecer el trabajo del poder judicial si hay más carga de trabajo”, explicó Grunstein, “corresponde a las empresas ponerse de acuerdo, no a los abogados, por ejemplo, las asociaciones fungen como un solo demandante”.  Queda también lo relativo a la posible controversia constitucional que la Comisión Federal de Competencia Económica podría llevar a la Suprema Corte argumentando que el Congreso aprobó una ley que permite al Ejecutivo invadir el ámbito de sus facultades. La resolución respecto a este punto puede demorar semanas, igual que la posible suspensión provisional, en caso de que se conceda la razón al órgano autónomo.

Finalmente, quedan los arbitrajes que dependerán de las cláusulas de cada contrato y se realizan en juzgados neutrales en el extranjero, mientras que lo relativo a la violación de acuerdos, para lo cual sería la Unión Europea el principal quejoso dado el origen de las empresas afectadas y el tratado de libre comercio que tiene México con esta región, se desahogarán en cortes de Naciones Unidas. 

Asimetría a la inversa

En opinión del vocero de la Plataforma México Clima y Energía, Víctor Ramírez Cabrera, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica o “Ley Combustóleo” será una regulación asimétrica, pero que fortalecerá al preponderante, o sea al revés.

Y es que le dará artificialmente la mayoría de los certificados de energía limpia, sin que incremente su capacidad de generación limpia, le permitirá comprar energía a quien quiera para venderla después sin tener competencia, le permitirá decir quién y dónde puede generar energía, según expuso en el espacio de vinculación industrial Conexión Mirec. 

“CFE tendrá todo el poder para someter a los usuarios sin ofrecer ninguna ventaja: ni energía limpia ni más barata. Hasta nos anunciaron que “no subirá por encima de la inflación”, cuando el precio de la energía podría bajar”, consideró el especialista.

karol.garcia@eleconomista.mx