El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes aprobó este martes el proyecto de ley de implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ahora se espera que el pleno de la Cámara de Representantes vote sobre la ratificación del tratado este jueves, último día programado para una votación en el 2019.

En tanto, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, afirmó que ese órgano legislativo votaría el T-MEC hasta después de llevar a cabo el juicio político contra el presidente Donald Trump en enero.

El T-MEC se presentó bajo la Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por su sigla en inglés) conocida como fast track (vía rápida), la cual se otorga por el Congreso estadounidense al Ejecutivo para llevar a cabo negociaciones comerciales y presentar los acuerdos firmados al Legislativo, para que éste los ratifique o desapruebe, sin modificar su contenido.

Ya México ratificó este acuerdo comercial, tanto en su texto original como en las adendas negociadas posteriormente. Asimismo, se prevé que Canadá realice la votación en su Cámara de los Comunes después de que se vuelva a reunir a fines de enero.

Por lo pronto, todos los legisladores del Comité de Medios y Arbitrios dieron luz verde al T-MEC, a excepción de Bill Pascrell (D-NJ).

“Estos cambios establecen un nuevo estándar para los acuerdos comerciales de Estados Unidos, y demuestran que los acuerdos comerciales pueden lograr un amplio apoyo bipartidista si empoderan a los trabajadores, protegen el acceso de los pacientes a una atención médica asequible y mejoran nuestro entorno compartido”, dijo Richard Neal (D-Mass).

Si bien los líderes de Canadá, México y Estados Unidos firmaron una versión inicial del T-MEC en noviembre del 2018, los demócratas lograron realizar cambios en las disposiciones laborales, ambientales, de protección de patentes de medicamentos, reglas de origen automotrices y resolución de paneles de controversias, entre otros.

Pascrell argumentó que “quedan grandes preguntas” sobre si el T-MEC abordará adecuadamente los problemas de subcontratación, aumentará los salarios de los trabajadores estadounidenses y forzará al cumplimiento de las disposiciones laborales en México.

Entre los cambios impulsados al final por los demócratas destacaron: un periodo de transición de siete años para que 70% del acero en autos sea fundido en la región; la imposibilidad de bloquear los paneles de solución de controversias, paneles expeditos en ciertas cuestiones laborales y la eliminación de una protección de 10 años a los datos de patentes de biomedicinas.

El proyecto de ley proporciona 843 millones de dólares de dinero de los contribuyentes estadounidenses para implementar el acuerdo, incluidos fondos para ayudar a México a examinar los contratos sindicales como parte de su nueva ley laboral.

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kg