La constructora Andrade Gutiérrez, la segunda de Brasil, pidió disculpas públicamente este lunes por los "graves errores" que cometió como parte del cártel de empresas que estafó a la estatal Petrobras y se comprometió al pago de una indemnización por unos 285 millones de dólares.

La constructora divulgó una nota sobre el acuerdo que selló con la Fiscalía para colaborar con la justicia a cambio de una rebaja en las penas, al concluir una negociación que se inició en octubre del 2015 en el marco de la investigación que indaga la trama de corrupción de Petrobras.

"Además del pago de una indemnización de 1,000 millones de reales (unos 285 millones de dólares al cambio actual), previsto en el acuerdo, Andrade Gutiérrez debe un sincero pedido de disculpas al pueblo brasileño", señaló la compañía en una nota.

"Reconocemos que se cometieron errores graves en los últimos años y, en lugar de negarlos, estamos asumiéndolos públicamente", enfatizó.

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El acuerdo, que ya contemplaba el pago de la indemnización, fue aceptado a fines de la semana pasada por el juez Sergio Moro que investiga el fraude a Petrobras.

Andrade Gutiérrez junto a otras grandes firmas brasileñas, como la gigante Odebrecht, formaron parte de un cártel que pagó millonarios sobornos a políticos y exejecutivos de la empresa para conseguir jugosos contratos con la estatal, que le costaron más de 2,000 millones de dólares durante una década.

Los recursos engrosaron los bolsillos de políticos del gobernante Partido de los Trabajadores y sus aliados, así como las arcas de sus partidos.

Muchos de los involucrados en la investigación han llegado a acuerdos con la justicia para entregar información a cambio de una reducción de sus penas.

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La investigación ha alcanzado a lo más alto de la clase política y empresarial brasileña, como al propio expresidente de Andrade Gutiérrez, Otavio Marques de Azevedo, actualmente en prisión domiciliaria, o el de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, condenado en marzo pasado a casi 20 años de cárcel por su participación en el esquema.

La semana pasada la fiscalía pidió autorización a la Corte Suprema para investigar a la presidenta Dilma Rousseff, al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva y a otros políticos por distintas razones en el marco de este caso. Rousseff, no obstante, no es investigada por corrupción.

Este escándalo sin precedentes en Brasil contribuyó a profundizar la crisis política que ha dejado a la presidenta al borde de la destitución por parte del Congreso.

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En su nota, Andrade Gutiérrez dijo además que está adoptando un control más estricto sobre el cumplimiento de normas de buen funcionamiento.

"También mantenemos nuestro compromiso de seguir colaborando con las autoridades en el curso de las investigaciones", señaló.

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