Los industriales mexicanos del acero negaron recibir subsidios en su proceso de producción como lo argumenta el gobierno de Donald Trump, por lo que los aranceles impuestos no tienen sustento y urge que de la mano de las autoridades mexicanas se haga un frente común por la defensa del sector.

A través de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), las empresas siderúrgicas que operan en México explicaron que los supuestos subsidios denunciados por Estados Unidos contra México son programas de desarrollo industrial no específicos al sector, por tanto “no son sancionables al amparo de la Organización Mundial de Comercio y muchos países en el mundo los aplican, incluido EU”.

El organismo privado que dirige Máximo Vedoya pugnó por que la Secretaría de Economía, a cargo de Graciela Márquez, establezca una estrategia de defensa del acero mexicano, ya que se argumenta que el gobierno de México otorga subsidios a su industria, lo cual es “totalmente incorrecto y sentaría un precedente que puede afectar a buena parte de las exportaciones de toda la industria nacional”.

El lunes pasado (8 de julio) el Departamento de Comercio (DOC por su sigla en inglés) de Estados Unidos determinó de manera preliminar la imposición de derechos antisubvenciones (antisubsidios) a productos de acero estructural habilitado, lo cual significa que las exportaciones de las empresas mexicanas involucradas en el caso estarán sujetas al pago de derechos antisubvenciones a su ingreso al mercado estadounidense, hasta 74 por ciento. La Canacero aclaró que este procedimiento es contra las importaciones de una serie de productos específicos (acero estructural habilitado) y nada tiene que ver con la medida 232 que en el pasado fue aplicada, de manera injustificada, a 54 familias de productos de acero mexicano.

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