La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha dejado ya en claro que la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, Estado de México, “reviste una importante connotación en la seguridad nacional”, por lo que los trabajos deberán realizarse con la mayor rapidez y un alto grado de coordinación y secrecía para no obstaculizar la continuidad de las operaciones aéreas y terrestres de carácter estratégico que se realizan ahí.

En la última versión pública del plan maestro de desarrollo de la obra, con fecha de julio pasado, la dependencia agregó un apartado sobre el tema para destacar lo delicado y complejo de las responsabilidades que tienen los organismos acantonados en el citado complejo.

Como parte de su argumentación para tener el control absoluto de los trabajos, la Sedena mencionó que el Campo Militar No. 37-D (Santa Lucía, Estado de México) aloja la Base Aérea Militar No. 1, la cual es la más grande del país al contar con diversos escuadrones aéreos e instalaciones logísticas de la Fuerza Aérea con misiones vitales como: el mando y control del espacio aéreo del centro del país, la defensa aérea estratégica de la totalidad del espacio aéreo mexicano, el transporte y despliegue aéreo estratégico y las principales instalaciones logísticas de la Fuerza Aérea Mexicana.

A pesar de la relevancia mencionada, hasta el pasado 29 de agosto (y como parte de la estrategia legal para hacer frente a los amparos promovidos por el colectivo No más derroches), las infraestructuras fueron consideradas, por primera ocasión, para formar parte del inventario de estratégico de México a cargo del Consejo de Seguridad Nacional.

El Cerro de Paula

Por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, a principios de año se hizo público que la construcción y operación del nuevo aeropuerto estará a cargo de la Sedena en un polígono que también alberga unidades de la Policía Militar con capacidad de despliegue y los principales centros logísticos para abastecimientos de insumos del Ejército y Fuerza Aérea, entre otras instalaciones.

Así, al asumir el control del proyecto, antes en manos del ingeniero José María Riobóo, los expertos en ingeniería de la secretaría consideraron que para “librar” el obstáculo del Cerro Paula, que no se había considerado antes como una afectación relevante, y las orientaciones de las pistas no tuvieran complicaciones, se tenían que hacer diversas modificaciones, entre ellas reubicar la infraestructura militar existente en el mismo terreno.

Otro argumento para la dependencia en la información pública es: “No se omite señalar que en el caso de que se decidiera contratar empresas civiles para su construcción en sustitución de los ingenieros militares, existiría la posibilidad de que la obra no se concluya en tiempo y forma, se incrementen los costos iniciales de ejecución, se incurra en posibles demandas o paros injustificados de los trabajadores y se filtre información sobre nuestras capacidades y limitaciones en materia de defensa aérea y capacidad logística”.

[email protected]