Con la aprobación de la nueva Ley de Agua en el Estado de México, la licitación para la cobranza del vital líquido en Hermosillo y proyectos en el Distrito Federal, Morelos y Celaya para privatizar servicios, la Iniciativa Privada (IP) gana terreno en el sector.

Hace dos semanas, el Congreso del Estado de México aprobó la nueva Ley de Agua, que permite a las empresas operar los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas residuales tratadas.

Las compañías que ofrezcan el servicio no podrán tener una concesión mayor a 15 años, pero sí podrán sancionar con el corte de agua a quien no pague el suministro y proponer tarifas.

José Francisco Barragán, diputado local del PT, dijo que para la nueva legislación no se hizo un verdadero estudio de factibilidad y eso traerá un desorden en el mercado, ya que con la privatización del agua se cancela el derecho a la misma.

El priísta Martín Sobreyra, presidente de la Comisión de Asuntos Hidráulicos del Congreso estatal, afirmó que los ayuntamientos están facultados para abrir a la IP la administración del agua, pero no es una obligación.

Ileana Guajardo Tijerina, directora de Finanzas Públicas de Fitch Ratings, manifestó que es recomendable una mayor participación de la IP en los sistemas de agua de los estados, debido a que por sí solos no han podido enfrentar los retos que significan una mayor cobertura, cobranza e inversión.

GDF, CON PROPUESTA

En febrero pasado, el jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, propuso que la IP compre agua al gobierno capitalino y a su vez pueda venderla a usuarios finales. Ante ello, legisladores de diferentes partidos y la sociedad civil rechazaron la medida, por lo que actualmente se realizan foros de opinión para modificar la iniciativa.

La semana antepasada, el alcalde de Hermosillo, Javier Gandará, reconoció que ya fue lanzada la licitación para que una empresa se haga cargo del Área Comercial del sistema de aguas.

En Morelos, Fernando Vera, titular de la Comisión Estatal de Agua Medio Ambiente, dio a conocer también hace dos semanas que se analiza concesionar las plantas tratadoras de aguas residuales, pues los ayuntamientos no tienen la capacidad financiera para operarlas.

En Celaya, Guanajuato, Carlos Arroyo, director de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, aseveró que buscarán la participación de la IP en proyectos hídricos y en la prestación del servicio y la recaudación.

Actualmente, la IP opera los sistemas de agua en Saltillo y Aguascalientes. En el municipio coahuilense, la española Aguas de Barcelona se alió con la alcaldía para operarlo por 25 años, a partir del 2001. En la entidad hidrocálida una subsidiaria de la francesa Vivendi es la encargada del servicio.