Por omisión en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos en lo referente a la responsabilidad que tenían para adelantar acciones que previnieran la rotura del oleoducto Caño Limón Coveñas, la Contraloría General de la República de Colombia imputó responsabilidad fiscal por 19.6 millones de dólares a funcionarios de Ecopetrol.

Entre los responsables se encuentran el presidente de la petrolera, Javier Genaro Gutiérrez, el vicepresidente de Transporte, Álvaro Castañeda, y el superintendente de Oleoductos Norte y Sur de la vicepresidencia de Transporte, Gerardo Mesías, que tendrán que responder a los cargos de la Controlaría, que busca proteger el derecho de los ciudadanos a gozar de un ambiente sano.

La Contraloría también imputó responsabilidad fiscal en contra de los contratistas Ingenieros Civiles Asociados México, ICA de México y Termotécnica Coindustrial, integrantes del consorcio Icamex Termotécnica, contratista de Ecopetrol.

Según la entidad, la rotura del oleoducto afectó un trayecto de recursos naturales en una extensión de 80 kilómetros y un ancho entre los 10 y los 100 metros. La CGR pudo verificar que existía información técnica, conocida por los funcionarios de Ecopetrol vinculados en el proceso de Responsabilidad Fiscal, de la cual se desprendían situaciones que permitían prever que la inestabilidad del terreno en el cual se encuentra alojado el tramo de oleoducto podía colapsar .

Para la Contraloría General, el plan de contingencia que se puso en ejecución una vez conocido el siniestro, fue ineficiente, ineficaz, antieconómico y desprovisto de valoración del principio de costos ambientales. Argumentó que las inversiones en infraestructura y obras desarrolladas para evitar un mayor daño, no cumplieron con el objetivo y fines señalados en dicho plan de contingencia, ocasionando con ello, además de la perdida ambiental, pérdidas significativas al erario público, representado en el número de barriles de petróleo derramado.

Los vinculados en el proceso tendrán que rendir descargos el próximo 14 de agosto.

Esta es la primera vez que la entidad toma una decisión de esta magnitud, que es el resultado de las investigaciones que se abrieron cuando el 11 de diciembre del año pasado un sector rural de Chinácota, Norte de Santander, fue afectado por la ruptura del oleoducto.

Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica