La Barra Mexicana de Abogados calificó como “corrupta” e “ilegal” la consulta por la que se decidió cancelar la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, Baja California.

Ello, debido a que existe un “desdén” al estado de Derecho y el ejercicio ciudadano sólo reúne “opiniones”, según lo definido por la Secretaría de Gobernación (Segob).

La organización exhortó a las autoridades a cumplir de forma cabal la Constitución y los correspondientes tratados internacionales a fin de fortalecer “nuestro deteriorado estado de Derecho”.

“En ningún momento se establece que el resultado del ejercicio será vinculatorio, y es natural, porque no puede serlo sino tiene un sustento legal ni fuerza para revertir una decisión gubernamental”, mencionó en un comunicado.

La barra indicó que la consulta y sus resultados “no pueden ser vinculados” dado que significaría un acto de “autoridad” que, incluso, puede ser revocado por la administración pública en cualquier momento.

La asociación refirió que el resultado a favor de la cancelación de la planta resulta “un absurdo” porque ello implica que quien incumple con la ley tiene más derechos de defensa que los afectados.

“Esto crea un precedente muy preocupante, puesto que en el futuro puede usarse este medio denominado ejercicio participativo, que carece de sustento constitucional, como pretexto para dar por terminados, sin derecho de audiencia y sin haber cometido falta alguna, derechos que nacen de permisos legalmente obtenidos”, puntualizó en un comunicado.

El pasado fin de semana se realizó una consulta donde sólo participó el 3% del padrón electoral de Mexicali; misma en la que se decidió la cancelación de la planta cervecera. El lunes, en la conferencia matutina, el jefe del ejecutivo hizo oficial la suspensión de la obra y, aseguró, que se tendrán conversaciones con Constellation Brands sobre el futuro del proyecto.

La compañía cervecera dijo estar lista para entablar conversaciones con el gobierno mexicano para trabajar en un plan de acción que considere lo retos actuales económicos y sociales que enfrenta el país.

Quitar permisos de agua no es justificable  

Con el resultado de la encuesta, la Segob anunció que ya no serán otorgados aquellos contratos para el uso de agua que son otorgados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ante ello, la Barra de Abogados alegó que lo expuesto por las autoridades no es justificación suficiente “para hacer nugatorias (fraude) las concesiones federales otorgadas por Conagua”.

Recordó que la cancelación viola algunos acuerdos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y genera incertidumbre en los mercados financieros ya que “acarrea un mensaje de violación al estado de derecho”.  

La barra consideró que en caso de que las acciones sean corruptas es necesario iniciar un proceso legal contra los responsables siempre y cuando se respete la presunción de inocencia, y una vez acreditado, se castigue a los responsables.

“Esta situación seguramente los inversionistas nacionales y extranjeros apoyarían, particularmente a la luz de las disposiciones jurídicas en materia de anticorrupción tanto nacionales como extranjeras”, enfatizó.