La separación de bienes está prevista como una medida correctiva que aplicaría el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para los agentes preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión, en caso de que no se tenga la eficacia prevista con las medidas impuestas como parte de la regulación asimétrica.

El presidente del IFT, Gabriel Contreras, dijo en conferencia de prensa que la Constitución prevé que algunas de las medidas que se aplicarán se revisarán cada dos años con la posibilidad de que se podrán suprimir en caso de que se hayan eliminado las prácticas señaladas.

El IFT declaró preponderante a Telmex-Telcel, Grupo Carso, Grupo Inbursa y Telnor en el mercado de telecomunicaciones; en radiodifusión a Televisa y diversas filiales.

Contreras explicó que la Constitución únicamente estableció que el IFT debía identificar a los preponderantes en dos mercados: telecomunicaciones y radiodifusión.

Dijo que se trató no de concesionarios sino de agentes económicos del mismo grupo, de ahí que se incluyó a Inbursa y Grupo Carso.

El funcionario indicó que las empresas tienen un plazo de 30 días para cumplir con las obligaciones impuestas, debido a las acciones técnicas que requieren implementar.

Gabriel Contreras afirmó que el IFTcumplió con la agenda asignada de 180 días y detalló los avances logrados por ese instituto, como fue la convocatoria de las bases de licitación para las dos cadenas de televisión.

Además de las declaraciones de agentes preponderantes para América Móvil y Televisa, las obligaciones de éstas para compartir su infraestructura y la prohibición para ambas de adquirir derechos exclusivos de eventos relevantes.

Contreras rechazó que durante el proceso hayan tenido presiones o amenazas de los grupos empresariales.

Tanto América Móvil como Televisa anunciaron que el IFT les declaró como "agentes económicos preponderantes", una figura que implica que tienen una participación directa o indirecta de más del 50% en un sector de las telecomunicaciones.

El IFT es un órgano autónomo creado a raíz de la reforma constitucional de las telecomunicaciones aprobada en mayo de 2013, que busca limitar el dominio de los grandes emporios de televisión, telefonía e Internet en el país de 118 millones de habitantes.

apr/ Con información de AFP