América Móvil (AMX), a través de sus subsidiaria Comcel, pagó más de 3.1 billones de pesos colombianos, unos 1,025 millones de dólares, al Estado colombiano, en acatamiento a una resolución judicial que marcaba la obligación de la empresa mexicana de resarcir el dinero por no retornar los activos que recibió del Estado cuando le fue otorgada la concesión de Comcel, algo a lo que estaba obligada.

AMX informó que Comcel cumplió bajo protesta y con reserva de sus derechos y los de sus accionistas, la obligación de pago contenida en el laudo emitido, es decir, el fallo que determinó el valor económico de los activos que la empresa opera en Colombia, en el arbitraje iniciado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia en contra de Comcel, en relación a su pretensión de que se declare la validez de la cláusula incluida en los contratos de concesión relacionada con la reversión de los activos afectos a la prestación del servicio móvil que operaba Comcel en el 2013.

AMX dijo que Comcel agotará todas las instancias legales, nacionales e internacionales a su alcance en contra de dicho laudo.

Trascendió que las concesiones que el Estado colombiano otorgaba hace más de dos décadas tenían una duración de 10 años, posterior a ello debía de venir una reversión de activos, es decir, regresar al Estado los activos operados, en este caso operados por AMX.

Sin embargo, al no regresar dichos activos, el Estado les asigna un valor y la empresa está obligada a pagar por seguir operando con ellos.

En agosto del 2016, AMX inició un arbitraje bajo el Tratado de Libre Comercio entre México y Colombia con respecto a ciertas medidas adoptadas por Colombia contra las inversiones de AMX y Comcel en violación TLC México–Colombia y al derecho internacional.

No siempre paga

En México, en el 2012, América Móvil, a través de su subsidiaria Telcel, logró evadir una multa por casi 12,000 millones de pesos.

La multa inicial era de 11,990 millones de pesos por dañar el proceso de competencia en los mercados de telefonía fija y móvil, a través de tarifas de interconexión para llamadas provenientes de otras redes, off-net, artificialmente altas y muy superiores a las que se autoimputaba en las llamadas dentro de su propia red, on-net.

Sin embargo, luego de un proceso judicial la extinta Comisión Federal de Competencia (CFC) revocó la multa megamulta y aceptó cinco compromisos propuestos por la telefónica durante el recurso de reconsideración.

Estimaciones de la extinta CFC y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico apuntaban a que los problemas de competencia asociados a las altas tarifas de interconexión en México habían generado daños por 6,000 millones de dólares cada año, alrededor de 78,000 millones de pesos, a los consumidores.

Por lo que, para la CFC resultó preferible asegurar beneficios inmediatos y directos para los consumidores por hasta 6,000 millones de dólares anuales, que emprender un litigio de años para eventualmente cobrar una multa.

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