La industria automotriz pidió al gobierno federal prorrogar el decreto que regula la importación de vehículos usados al país, el cual concluye su vigencia el 31 de enero de 2014.

El director adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, y el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís, señalaron que concluir la vigencia del decreto a la importación de unidades usadas, en especial de Estados Unidos, tendería a agravar la situación del sector.

Lo anterior, argumentaron, ya que con esta resolución se espera una importación de 650,000 unidades al cierre de 2013, equivalente a 62% de las ventas de autos nuevos en el país.

El representante de la AMDA subrayó que con dicha cifra se acumularía al final de 2013 más de siete millones de unidades desde octubre de año 2005, cuando entró en vigor la introducción de unidades.

Es una masa acumulada importante que nos lleva a que al cierre de diciembre tengamos siete millones 250,000 unidades que, aun si se considera los que ya no están en circulación, sigue siendo una presión importante para el mercado , detalló Rosales Zárate en entrevista con Notimex.

Consideró factible que quienes compraron una vez estos vehículos lo sigan haciendo, por lo que la cifra no decrece.

Por ello, los distribuidores de automóviles y la misma industria solicitaron la ampliación del dictamen para regular el mercado, en espera de que se resuelvan los amparos otorgados en contra del mismo y que hoy permiten la introducción de alrededor de 90% de unidades.

De acuerdo con Rosales Zárate, lo preocupante es que por un lado está la regulación administrativa que es adecuada, pero perfectible porque siguen entrando vehículos sin cumplir con el proceso de importación, cuya presencia es importante sobre todo en la franja fronteriza del norte.

Asimismo, señaló que las autoridades de todos los niveles carecen de capacidad para frenar el contrabando, y tiene que ver más con la falta de voluntad política para prohibir la circulación de vehículos sin placas con el agravante de la seguridad pública.

La otra parte, dijo, es que importadores en la franja fronteriza están generando un nuevo modelo de amparo que va más allá de ampararse contra el propio decreto . Por ello, insistió el directivo, es necesario prorrogar la citada resolución.

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