En unas cuantas semanas se sabrá quién será el Presidente de México del 2012 al 2018, pero desde ahora se puede identificar uno de los principales problemas que afrontará esa administración y que en sí mismo representa un área de oportunidad para aliviar las finanzas públicas: las pensiones públicas y su déficit.

Este año, las pensiones públicas y sus déficit absorberán 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB); para el 2018, será 5% del PIB, situación que debe ser contemplada desde ahora por quienes buscan la Presidencia del país, porque podría ser una solución a las reformas estructurales, como la tributaria, describe el investigador Pedro Vásquez Colmenares en su libro, Pensiones en México: la próxima crisis.

Para el autor, el área de oportunidad es en el sentido de que la reforma fiscal, que tanto se ha relegado en México, en su versión más agresiva, nunca prometió más de 3% del PIB en recursos adicionales. Sería de poco efecto y mucho desgaste el convocar a las fuerzas políticas y gremiales a una discusión sobre la reforma tributaria para apoyar la seguridad social, si de cualquier forma resulta insuficiente hacer frente al gasto anual de los pasivos pensionarios comprometidos , asevera.

Sin embargo, el tema se complica porque, cómo explica Vásquez Colmenares, para los cuatro candidatos a la Presidencia, sus posturas en el tema de pensiones se enfocan en mejorarlas más que de resolver el problema. Una vez pasada la contienda electoral, se deberá profundizar en el conocimiento del problema entre el Ejecutivo y el Congreso de la Unión .

Pedro Vásquez, experto en seguridad social y pensions, encontró que existen 105 sistemas de pensiones estatales y federales, que en el 2010 acumularon pasivos pensionarios por 14,356 miles de millones de pesos, cantidad que significó 104% del PIB.

PROGRAMA DE GOBIERNO

Para quienes buscan encabezar al Ejecutivo, el tema de los sistemas de pensiones les exige desde ahora plantear parte de las soluciones. Y ello implica lograr acuerdos con los diferentes poderes desde ahora.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias realizó un estudio de las diferentes propuestas de los candidatos a la presidencia de la República. En ese ejercicio se observa que la constante entre Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota es lograr una pensión universal para adultos mayores.

Lo que México necesita es avanzar en la creación de un nuevo marco jurídico basado en derechos universales y no sólo en relaciones formales de trabajo , apunta.

Su tesis toma relevancia cuando se analiza que los candidatos presentan propuestas del tema de pensiones que podrían hacer más crítico el escenario que éstas viven.

Josefina Vázquez Mota propone consolidar un Sistema Nacional de Pensiones, que asegure un ingreso mínimo y que dé garantías a personas de 70 y más; así como homologar los fondos destinados a pensiones no contributivas.

Para Enrique Peña Nieto, el problema requiere establecer un sistema de seguridad social universal y pensión universal a personas de más de 65 años.

Andrés Manuel López Obrador menciona la creación de un nuevo sistema integrado de pensiones que cubra a las personas de 68 años y más.

En tanto, Gabriel Quadri de la Torre plantea que se requiere dar seguimiento de salud pública para evitar su quiebra, así como crear un sistema nacional de pensiones y micropensiones. Quadri es el único que anticipa resolver los problemas de las pensiones de universidades públicas, el IMSS, Pemex, Banxico y Presidencia.

DIMENSIÓN DEL PROBLEMA

Vásquez Colmenares deja ver que una crisis de grandes proporciones amenaza a México en caso de que no se atienda a fondo el problema de las pensiones públicas. Y afirma: Esto está creciendo y desdoblándose de una manera fundamental. Y otro problema son las valuaciones actuariales, la manera de medir el problema es que no hay un dato o se subestima, y esto ya comprometió las finanzas públicas .

A diferencia de las reformas en el IMSS y el ISSSTE, los sistemas de pensiones públicas no han sido reestructurados y sus pasivos siguen creciendo. En el 2007, equivalían a 16.5% del PIB y en el 2010 ya eran 30% del PIB, dijo.

En la investigación de Vásquez, en el 2010 destacan los pasivos pensionarios consolidados de las entidades federativas -con 1,792 miles de millones de pesos, equivalentes a 13% del PIB, de Pemex, LFC y CFE que en conjunto suman 8.8% del PIB-. En el caso de los pasivos de la universidades públicas el rubro es de 275.6 miles de millones de pesos, cercano a 2% del PIB.

Colmenares considera que parte de la complejidad del asunto es que no hay incentivos para resolver el problema, y especifica la cuestión del Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP) que fue creado entre 2007 y 2010 por la Secretaría de Hacienda, con 102.57 miles de millones de pesos, para ayudar a los estados a implantar reformas en sus propios sistemas de pensiones.

Además del desfinanciamiento acelerado para afrontar las pensiones, se encuentra el desafío estructural del envejecimiento en México. Los pronósticos establecen que del 2010 al 2050 los adultos mayores se triplicarán y las generaciones más numerosas ingresarán al grupo de 60 años y más a partir del 2020, dijo.

Destacó que los pensionados en el país se están duplicando cada nueve años y el gasto en Seguridad Social y Pensiones (Ramo 19) muestra una tendencia creciente; por ejemplo, en el 2012 el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) original estableció 367,000 millones de pesos, pero la cifra final podría ser 17.17% más.

En la investigación establece que los planes públicos de pensiones representan obligaciones laborales por poco más de 17,040 miles de millones de pesos del 2012.

PENSIÓN UNIVERSAL SÍ ES VIABLE

Por lo que hace a la pensión universal por vejez, que es uno de los pilares de la propuesta, la estimación del gasto anual del 2012 de un salario mínimo es de 41,378 millones de pesos anuales. Esta cifra puede financiarse contra el gasto 2011 del Programa 70 y más del gobierno federal por 13,287 millones. Además el pago 2011 de pensiones garantizadas de un salario mínimo a pensionados de 65 años y más de los regímenes del IMSS y del ISSSTE, que suma 3,000 millones más.

La fuente principal de este piso serían las cuotas sociales que el gobierno federal cubre por regímenes de retiro, cesantía en edad avanzada, vejez, donde para el IMSS e ISSSTE se destinaron 25,192 millones de pesos en el 2011. A estos gastos se añadiría el costo del primer salario mínimo que se cubre en sistemas pensionarios paraestatales, donde los trabajadores actuales no contribuyen a las pensiones.

Este escenario permite identificar que es posible el establecimiento de un piso universal de pensiones por vejez para todos los jefes de familia de 65 años, transfiriendo los datos actuales de los programas asistenciales de Sedesol para personas de 70 años o más y los recursos ya destinados a las pensiones garantizadas del IMSS y el ISSSTE, que serían absorbidas por el nuevo pilar de protección universal. Todo, en el objetivo de lograr la cobertura de 6.9 millones de adultos mayores de 65 años.

LAS PROPUESTAS

En Pensiones en México: la próxima crisis, editado por Siglo XXI, Vásquez Colmenares plantea que para lograr una seguridad social integral es fundamental separar la gestión y el financiamiento de las prestaciones económicas (retiro, invalidez, muerte, vejez y desempleo), de las prestaciones para salud.

Una condición indispensable, explica, es la reforma del Artículo 5 constitucional para que haya sólo un sistema de seguridad social dividido en dos ramas: la salud y el ingreso.

Ambas tendrán su propio marco jurídico e incluso, sus propios mecanismos de financiamiento e instituciones separadas para su planeación y administración.

Derivado de lo anterior, Pedro Vásquez identifica la creación del Sistema Nacional de Seguridad Social (Sinaes) que integraría el IMSS y el Instituto Mexicano para la Protección al Ingreso (IMPI); éstas administrarían los servicios públicos de salud y las prestaciones económicas, incluido el SAR.

Bajo este esquema, se podrían conformar las Obligaciones Base del Estado (Obes), estructura que permitiría crear un piso nivelado para la portabilidad de los derechos sociales entre todos los mexicanos y en donde se identifican algunos elementos que favorecerían el esquema actual que se tiene.

Entre ellos está el otorgar a todos los jefes de familia que cumplan 65 años una pensión por vejez de un salario mínimo, previo registro ante la institución administradora del recurso. A este beneficio se sumaría el de seguro por invalidez y vida, mismo al que tendrían acceso todos los mexicanos mayores de 18 años.

La implementación de las Obes tendría un periodo de transición para que los diversos sistemas pensionarios de los tres niveles de gobierno revisen, negocien, acuerden e instalen las condiciones financieras que le den sosteniblidad a este esquema que integra los planes.

En este contexto, será necesaria la creación de un órgano autónomo denominado Consejo de Garantía de la Seguridad Nacional (Garantesol) encargado de analizar el equilibrio y la sustentabilidad de todo el nuevo Sistema Nacional de Seguridad Social.

NUEVO ESQUEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Así, se busca una cobertura pensionaria básica universal, que permita una solvencia financiera de largo plazo así como portabilidad de derechos y que separe la cobertura de salud de la financiera, con costos e incentivos claros.

Los ingresos generales deben financiarse con obligaciones generales, no obligaciones contractuales particulares, con un pacto político para la nueva seguridad social, concluyó Pedro Vásquez, quien presentará su libro el próximo de 20 de junio.

GASTO PER CÁPITA

En el 2012, por cada mexicano se destinarán:

  • $10 diarios a pensiones.
  • $6 diarios a educación.
  • $3 diarios a salud.
  • $2 diarios a desarrollo social.
  • $1 diario a seguridad pública.