La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), junto con la Secretaría de la Función Pública (SFP), alistan una plataforma para que los sujetos obligados (entidades financieras y actividades vulnerables) tengan una herramienta que les facilite la identificación de las Personas Políticamente Expuestas (PEPS) con el fin de que éstas tengan una adecuada diligencia en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, esta plataforma permitirá que los sujetos obligados tengan a su disposición una lista con información detallada de las PEPS, con el fin de que realicen una debida diligencia a estas personas y así se pueda tener una clara identificación del beneficiario final en una operación, con el fin de prevenir o detectar algún indicio de lavado de dinero.

“El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) obliga a que los sujetos obligados por la ley de prevención de lavado de dinero (entidades financieras y actividades vulnerables) puedan identificar a sus clientes o usuarios y particularmente a quienes sean PEPS, que pueden ser políticos pero también artistas o empresarios, es decir, personas que por tener una relevancia pública puedan estar en una situación de riesgo de lavado de dinero”, detalló Nieto Castillo.

Las PEPS son funcionarios que por su cargo público pueden estar expuestos a riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, especialmente por temas de corrupción. En la actualidad, se tiene una lista sólo de los cargos, no de los nombres que ocupan dichos puestos.

Entre los cargos relevantes considerados como PEPS están el de presidente de la República, secretarios de estados, el fiscal general, subprocuradores de la Fiscalía General de la República, oficiales mayores, jefes o coordinadores generales de unidades de entidades públicas, directores generales o sus homólogos, entre otros.

Luego de su participación en el cuarto foro del Sistema Nacional Anticorrupción, organizado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Nieto Castillo detalló que esta plataforma concentraría información de funcionarios tanto federales como locales que puedan estar en una situación de riesgo de lavado de dinero por la actividad que realizan dentro de la función pública.

“(Se busca) tener un catálogo de todos los servidores públicos y obligar a todos los sujetos obligados para que cuando (las PEPS) vayan a contratar con ellos, lo hagan buscando la identificación del beneficiario final y que no haya un acto de corrupción”, explicó.

Señalamiento del GAFI

De acuerdo con la más reciente evaluación que el GAFI realizó a México respecto a la lucha que sostiene contra el lavado de dinero, los sujetos obligados (entidades financieras y actividades vulnerables) gestionan los riesgos de las PEPS nacionales de forma limitada.

En el documento, dado a conocer en el 2018, las metodologías realizadas por las instituciones financieras para la categorización del riesgo de los clientes no son lo suficientemente sólidas como para reflejar en forma razonable los perfiles de riesgo de los clientes y por ende, sólo califican a una pequeña porción de las PEPS que tienen como clientes de alto riesgo. Asimismo, las actividades vulnerables no están sujetas a los requisitos de identificación de las PEPS.

Según fuentes federales, México trabaja para que el GAFI le realice una revisión de dicha evaluación, por lo que el tema de las PEPS es uno de los puntos que el gobierno federal trabaja para tener dicha observación subsanada.

Diligencia diferenciada

Hace algunos meses, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó, en el sitio donde se comunica con las entidades financieras que supervisa en materia de prevención de lavado, una guía con el fin de que éstas tengan una debida diligencia diferenciada para las PEPS que son clientes de las instituciones financieras.

“(La guía) tiene como finalidad, ayudar a los sujetos supervisados a comprender mejor los factores de riesgo específicos relacionados con actos de corrupción derivado de sus relaciones comerciales con las PEPS nacionales y personas vulnerables, que permita facilitar la identificación de situaciones que presentan un mayor riesgo de lavado de dinero”, detalla el documento que dio a conocer este medio en su momento.

La UIF ha presentado 118 acusaciones

Rompe récord de denuncias

En lo que va de este 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha presentado alrededor de 118 denuncias de posibles casos de lavado de dinero, lo que ha generado un nuevo récord para este organismo.

De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF,  las denuncias superan el récord histórico de dicho organismo de 113 que presentó en todo el 2017.

“El récord histórico de denuncias presentadas por la UIF en un año eran 113, hoy vamos  en 118 denuncias”, expuso.

Según el registro de la UIF, que data desde el 2006, el 2007 fue el año en el cual la UIF presentó menos denuncias, con un registro de 25.

Nieto Castillo añadió que estas 118 denuncias involucran a 269 personas físicas y 208 morales, y representan montos cercanos a 169,000 millones de pesos, 1,517 millones de dólares y 117,000 euros.

Caso libertad

El titular de la UIF comentó que la unidad presentaría siete denuncias relacionadas con el caso de los señalamientos a la sociedad financiera popular Libertad Servicios Financieros por lavado de dinero.

Según Nieto Castillo, sin mencionar los nombres de los involucrados, son denuncias relacionadas con el consejo directivo de la entidad y que se suman a los 10 bloqueos de cuentas que ha realizado la unidad en este caso de dicha  sofipo.

“Para la UIF es importante mandar el mensaje a los ahorradores de que el dinero en la entidad está protegiendo de acuerdo con las características  e instituciones del sistema financiero, para efectos de que no haya algún riesgo respecto al patrimonio de ellos”, declaró Santiago Nieto. (Fernando Gutiérrez)