La Comisión Europea busca vías para aplicar un instrumento del tratado del que no se ha hecho uso aún para reducir la capacidad de las multinacionales de explotar los regímenes fiscales altamente ventajosos, un movimiento que supondría una ofensiva jurídica sin precedentes.

A diferencia de la legislación fiscal ordinaria de la Unión Europea (UE), la iniciativa sólo requeriría el respaldo de una mayoría cualificada de los 27 Estados miembros de la UE, y no el apoyo unánime de todos los países, restringiendo la capacidad de un gobierno para aplicar un veto. La medida también requeriría la aprobación del Parlamento Europeo.

La evasión fiscal de las multinacionales ha escalado en la agenda política a raíz de la pandemia, después de que los gobiernos de todo el mundo gastasen miles de millones para reactivar sus economías. La Comisión también ha prometido recuperar sus planes para imponer una tasa europea de servicios digitales a las grandes tecnológicas después de que Estados Unidos abandonase las negociaciones internacionales el mes pasado.

Las autoridades explican que los planes, que se amparan en el Artículo 116 del tratado de la UE, están en una fase muy inicial, pero tratarán de identificar determinados sistemas fiscales nacionales competitivos como distorsiones del mercado único. Es probable que estos movimientos generen una intensa polémica entre los Estados miembros, que protegen ferozmente sus poderes impositivos.

Semana clave

Nos encontramos en una semana clave para la ofensiva de Bruselas contra la evasión fiscal de las multinacionales. Este jueves el Tribunal General, la segunda máxima corte de la UE, dictará si la Comisión hizo lo correcto al ordenar a Apple pagar 13,000 millones de euros de impuestos atrasados al gobierno irlandés en el 2016.

Si los jueces anulan esa decisión, las implicaciones para la capacidad de la Comisión de perseguir a las multinacionales serían significativas. “Si la Comisión pierde el caso de Apple, se estaría quedando sin herramientas para perseguir los planes fiscales agresivos”, advierte una autoridad.

Bruselas ha intentado en varias ocasiones intervenir contra los planes fiscales agresivos, pero los países que poseen los regímenes fiscales más favorables han vetado los movimientos. “Esto podría ser clave para desbloquear la situación de punto muerto a la que hemos llegado hasta el momento”, señala un diplomático del Sur de Europa.

Otro diplomático explica que la Comisión se está tomando tiempo para desarrollar esta medida altamente sensible, ya que Bruselas necesita garantías de que no será tumbada por una minoría de bloqueo de gobiernos. La Comisión no ha querido hacer declaraciones.

El Artículo 116 del tratado de la UE da a Bruselas poderes para corregir las “distorsiones” en el mercado único, pero nunca se ha utilizado. El instrumento permite a la Comisión proponer una directiva diseñada para corregir los sistemas fiscales que provocan distorsiones y denunciar a los gobiernos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si no acatan lo establecido.

Es probable que la medida actúe contra los sistemas de naciones como Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica e Irlanda, según explica una autoridad. Los diplomáticos prevén que los planes encuentren una fuerte oposición de algunos estados miembros, abriendo la perspectiva de que se dé paso a años de largas batallas legales en el TJUE .