Se debe evitar que el sistema financiero sea un vehículo para el lavado de dinero, en un marco de legalidad en el que cada una de las partes haga lo que le corresponde, sin exceder atribuciones y sin servir a intereses que, aun siendo del Estado, vayan contra el marco legal.

Así lo afirmó el director general del Centro Administrativo de Desarrollo Empresarial (Cadem), Jaime Flores, al explicar que en el 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda emitió una interpretación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPRIORPI), en la cual estableció que las empresas dedicadas al outsourcing realizan actividades vulnerables y por tanto deben identificar a sus clientes y presentar avisos mensuales respecto de las operaciones realizadas con ellos.

En un comunicado, expuso que como cualquier interpretación de una autoridad administrativa, sus alcances no son vinculativos (obligatorios) y cualquier aplicación en contrario sería objeto de una disputa que tendría que dirimir un tercero.

En todo caso, dijo, quien no acate la interpretación de la UIF podría ser objeto de una sanción, al tiempo que contaría con los medios de defensa que el derecho le concede.

"Se trata de una situación controversial que en todo caso debieran resolver las autoridades correspondientes y los particulares afectados", manifestó Jaime Flores.

Recordó que el 7 de noviembre del 2017 se publicó en la gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados una iniciativa al régimen de subcontratación, en cuya exposición de motivos se hace referencia a la necesidad de adicionar una fracción que obligue específicamente a las empresas de outsourcing, lo cual confirma que la legislación actual no lo contempla y que la interpretación de la UIF es incorrecta.

En fechas recientes, algunos bancos, excediendo sus facultades y obligaciones establecidas en la ley, se han dado a la tarea de cancelar de forma unilateral cuentas de cheques, ahorro, inversión y crédito de empresas a las que consideran como presuntas participantes en procesos de lavado de dinero, por dedicarse a la tercerización y sin dar mayores detalles.

"En otros casos han requerido que estas empresas cumplan con obligaciones como presentación de avisos antilavado, nombramiento de oficiales de cumplimiento y obtención de onerosos dictámenes emitidos por despachos autorizados por ellos mismos, amenazando con terminar la relación contractual en caso de que no se sigan las condiciones que ellos establecen, dejando de lado su carácter de particular para actuar como autoridades sancionadoras", expuso.

Expuso que nadie niega la necesidad de regular al sector, de tal forma que la subcontratación sólo la practiquen empresas honestas y apegadas a sus obligaciones legales, que respeten derechos laborales y cumplan con sus débitos con el fisco, incluso se ha pugnado porque la Norma Mexicana para las empresas del sector se apruebe y entre en vigor a la brevedad.

Sin embargo, el directivo admitió que lo que no puede aceptarse es que las leyes se apliquen a discreción y mucho menos que se utilice a la iniciativa privada como si fuera un órgano gubernamental.

"La actuación de las instituciones de crédito ha sido excesiva y en claro desapego a sus alcances, lo cual abre la puerta a procesos legales en que se les considere como autoridades —así han actuado— y a sanciones por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que debe evitar este tipo de arbitrariedades, pues es parte de su función", manifestó.