La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pidió este lunes al Congreso que cancele un receso de verano en enero para debatir rápidamente una solicitud de juicio político en su contra, en momentos en que sus aliados sostienen que la mandataria cuenta con suficiente apoyo legislativo para bloquear el proceso.

Los opositores de Rousseff están intentando realizar un juicio político en su contra por haber violado supuestamente leyes presupuestarias mientras aumentaba los estímulos económicos durante su campaña de reelección el año pasado.

NOTICIA: Rousseff defenderá su mandato y batallará contra juicio político

La solicitud fue acogida la semana pasada en la Cámara baja del Congreso, que debe designar más tarde el lunes una comisión de 65 miembros para establecer si Rousseff cometió o no una falta que amerite un juicio político.

Los asesores de la mandataria han dicho que cuenta con suficientes votos como para bloquear una impugnación en la Cámara de Diputados, pero que eso podría cambiar a medida que sus opositores alimenten el sentimiento antigubernamental.

NOTICIA: Brasil empieza a tratar proceso de impeachment contra Rousseff

Una votación temprana antes de que los brasileños vuelvan de sus vacaciones de enero podría favorecer a Rousseff, dado que la campaña a favor del juicio político podría ganar impulso más adelante debido a que se prevé que la economía empeore a comienzos del próximo año, aumentando el desempleo y la inflación.

Rousseff afirmó que el país no puede esperar tanto por una decisión debido a que la incertidumbre prolongada empeorará la recesión económica, que se prevé que sea la más larga desde la década de 1930.

"En esta situación de crisis política y económica por la que atraviesa el país, creo que es importante llamar de vuelta al Congreso", declaró a periodistas en Brasilia.

NOTICIA: Jefe de Diputados de Brasil acepta pedido de impeachment contra Rousseff

Rousseff dijo además que no tenía razones para desconfiar de su vicepresidente, Michel Temer, quien asumiría el poder en Brasil si la mandataria es sometida a una impugnación pero no ha dado a conocer públicamente su postura sobre el eventual juicio político.

erp /abr