La reforma fiscal de Estados Unidos, que aún tiene que ser apuntalada por regulaciones y leyes secundarias, podría conducir a litigios internacionales ante las diferentes interpretaciones a las que podría sujetarse, advirtió José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Explicó que su aplicación e impacto en acuerdos para evitar doble tributación, así como en temas de intercambio de información automática, podrían conducir a diversas interpretaciones que incluso afectarían el intercambio automático de información entre países e incluso la puesta en marcha del programa BEPS, que es la erosión de la base imponible y de traslado de beneficios.

Durante su participación en el Seminario Anual de Perspectivas Económicas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), dijo que el próximo 22 de marzo están citados “funcionarios del más alto nivel de Estados Unidos” a conversar con sus pares de los países miembros de la OCDE, de manera que puedan explicar cómo queda el nuevo esquema.

Refirió que el objetivo de ese encuentro es que los funcionarios de los demás países miembros puedan exponerles directamente sus preocupaciones sobre el impacto que tendrá la ejecución de su reforma en el comercio e inversiones.

Luego comentó a los asistentes al seminario, que en su mayoría eran exalumnos del (ITAM) y funcionarios públicos, que la reforma fiscal de Estados Unidos fue tema de conversación entre los nueve exsecretarios de Hacienda que asistieron a una comida ofrecida por el actual titular de las finanzas nacionales, José Antonio González Anaya, el pasado miércoles 10 de enero.

Gurría fue secretario de Hacienda de México entre 1998 y el 2000 y, en la citada comida, departió con el actual canciller Luis Videgaray, José Antonio Meade, Francisco Gil Díaz, Guillermo Ortiz Martínez, Ernesto Cordero, Jaime Serra Puche, Pedro Aspe y David Ibarra Muñoz. Todos, exsecretarios de Hacienda.

MÉXICO, SITUACIÓN FISCAL SÓLIDA

Sin dar detalles sobre el impacto que tendrá en México la entrada en vigor de dicha reforma fiscal, Gurría consignó que, desde el punto de vista de la OCDE, el desempeño fiscal de México mejorado y la consolidación fiscal va por buen camino.

Explicó que la deuda de México representa 50% del Producto Interno Bruto, lo que compara bastante bien respecto de las economías de la OCDE que tienen pasivos superiores a 100% del Producto. Sin embargo, matizó que este diferencial de obligaciones no significa que hay espacio para más obligaciones.

“Nuestro espacio fiscal es mucho menor que el de Estados Unidos o Alemania, aseveró. “Nuestra situación es manejable y sólida; pero, regla AVIS: debemos esforzarnos más”, dijo en referencia al lema de esta empresa de renta de autos, en referencia a que es la segunda en dicho negocio.

El exsecretario de Hacienda recordó que en el país, la base sobre la que se cobran los impuestos es muy estrecha, lo que genera vulnerabilidad.

“Debemos bajar la informalidad que, además de no crear lealtad con la empresa, erosiona la recaudación. Erosiona el bienestar social y la productividad económica”, aclaró.

Destacó otro reto para el sistema tributario mexicano: los 5,000 programas de protección social y combate a la pobreza que prevalecen. Si se van reduciendo y se consolidan, puede aumentarse el impacto y adonde llegamos.

cambios tributarios afectarán flujos de inversión

México debe responder: ITAM

el país no puede ignorar la brecha que se ha abierto con el nuevo esquema tributario de Estados Unidos, que de entrada reduce el impuesto corporativo de aquella nación y favorece la deducibilidad de intereses a los inversionistas, advirtió el rector del Instituto Tecnológico y Autónomo de México (ITAM), Arturo Fernández.

Al abrir el Seminario Anual de Perspectivas Económicas del ITAM, señaló que los flujos de inversión tanto nacionales como extranjeros se verán afectados, pues los proyectos de inversión buscarán los que les otorguen mayor rentabilidad, lo que claramente está ahora en Estados Unidos (EU).

Reconoció que el país enfrenta dos importantes retos ante la ejecución de la reforma fiscal de EU: su débil situación fiscal y el rezago que caracteriza al esquema tributario para los empresarios.

Primero que nada, se tiene que reducir el déficit fiscal de México, y luego, considerar una serie de modificaciones en el esquema tributario, dijo.

Propuso eliminar el impuesto de 10% sobre los dividendos; renegociar el tratado con EU para pedir reciprocidad y evitar la doble tributación; reducir la tasa del impuesto corporativo de 30% que tenemos hoy a 28%, para evitar un costo mayor en la recaudación.

Bajar el gravamen a dividendos y permitir la deducción inmediata para la industria manufacturera, que es la que más compite con Estados Unidos.

Para compensar la reducción de ingresos tributarios que traería consigo este esquema, sugirió revisar la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, y para ilustrar cómo tendría que ser el tono, dijo que en Chile cobran la misma tasa impositiva que aquí, y su recaudación es mucho mayor, casi el doble.

Lo que estamos planteando, consignó, es regresar a un esquema similar al que teníamos entre el 2000 y el 2006.

Explicó que la reforma de EU incluye una disminución del impuesto corporativo de 35 a 21%, exenciones fiscales para los dueños de negocios sobre sus utilidades y se modificó la forma en que se cobran impuestos a las multinacionales al exentar dividendos de subsidiarias extranjeras.

Ilustró su análisis sobre la pérdida de competitividad de México para atraer inversiones, al detallar que los dividendos de una persona moral residente en Estados Unidos tendrán que pagar en México con el esquema actual una tasa que va de 25 a 28.75 por ciento.

Mientras que quien decida irse a EU tributará a una tasa que va de 21 a 26 por ciento.

Una persona moral residente en Estados Unidos que quiera invertir en México, y que tiene utilidades retenidas aquí, tiene que enfrentar en nuestro país un impuesto de 25% sobre esas ganancias. En contraste, si se enfrenta a la misma situación en EU, la tasa impositiva es de 21 por ciento.

Estas son algunas evidencias que tendrían que orillar a las autoridades mexicanas a replantear un esquema tributario que les permita reducir la brecha del atractivo a las inversiones, finalizó.