Durante el 2012 y lo que va de este año, 36 gobiernos locales (estados y municipios) sufrieron un recorte de su calificación crediticia, según registros de las cuatro agencias con operaciones en México: Fitch Ratings, Standard and Poor’s (S&P), Moody’s y HR Ratings, lo que dio un total de 53 acciones de baja de nota.

Una recaudación limitada, manejo ineficiente del gasto corriente, mayores compromisos financieros e impagos en el cumplimiento de la deuda son algunas de las causas que orillaron a las calificadoras a modificar su evaluación de enero del 2012 a igual mes de este año.

Poco más de 57% de los casos observados se dio desde la segunda mitad del 2012, periodo durante el cual diversas administraciones estatales y municipales se encontraron en problemas económicos por endeudamientos masivos.

Una vez que fueron ajustadas las notas, 18% de los casos terminó con una nota de alta calidad crediticia -sin llegar al rango más alto-(nueve gobiernos), 48% en adecuada (24), 12% en grado especulativo (seis), 4% en altamente especulativa (dos) y 18% fue calificado como sujeto sumamente proclive a un incumplimiento (nueve).

Así, en total, 34% de las bajas de calificación colocó a los gobiernos involucrados en un grado especulativo o menor.

Consultados por El Economista, Alejandro Olivo, director para América Latina y Canadá de Análisis Subsoberano de Moody’s, y Daniela Brandazza, directora de Finanzas Públicas para América Latina de S&P, explican que los principales factores considerados por una calificadora para asignar o ajustar una evaluación son la fortaleza en la recaudación, la eficiencia y control del gasto corriente y los niveles de deuda.

Ambos especialistas coinciden que los ajustes observados en el periodo de análisis se enmarcaron en el contexto electoral de junio del 2012, el cual se caracterizó por mayores presiones de gasto social, condonación de impuestos y acelerado endeudamiento como reacción a la falta de liquidez.

ACTUALIZACIÓN 22/01/2013: En una primera versión de este artículo, se mencionó que la cifra de gobiernos subnacionales afectados era de 53, cuando el número correcto es de 36, ya que algunos estados o municipios son calificados por más de una agencia.

LAS CONSECUENCIAS

Entre las principales consecuencias que acompañan a una baja en la calificación están: el desprestigio ante futuros acreedores, el cobro adelantado de créditos otorgados por parte de instituciones bancarias y el incremento en el costo de servicios financieros, explica Alejandro Olivo.

Sobre éste último factor, refiere que el incremento en la tasa de interés varia en función de cada caso y la calificación final asignada. Por ejemplo, se puede dar un aumento de 20, 50, 100 o 200 puntos base al margen sobre la tasa de referencia.

En el caso de que haya un alza de 100 puntos base, equivalentes a un aumento de un punto porcentual en la tasa de interés –explica-, aunque no pueda ejercer una presión mayúscula sobre las condiciones del crédito para los gobiernos, ese punto adicional al interés puede suponer a la larga pérdidas millonarias al erario considerando el monto prestado y el plazo a pagarlo.

Los cambios en el pago de interés, de acuerdo con los contratos, pueden suceder de manera inmediata o al inicio de un nuevo ciclo de pago, ya sea quincenal, mensual o anual. Así, se impacta de manera negativa y sustancial a las finanzas públicas.

Igual y (ese aumento) no te vuelve insolvente, pero ya cuando lo pones en pesos y centavos, este 1% adicional puede ser el mantenimiento de una escuela o un hospital, recursos que serían más provechosos en estos destinos , comenta.

En opinión de Carlos González, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, coincide en que cuando le bajan la calificación a un gobierno local el principal problema es el aumento en las tasas de interés de créditos existentes y nuevos. Esto -agrega-, además hace que se seque el flujo de ofertas de finaciamiento.

EN EL SÓTANO

Cada una con sus propios criterios, estas cuatro empresas asignan una calificación de acuerdo con los balances financieros, respaldos económicos y desempeños hacendarios que presentan los gobiernos que se someten a su escrutinio. Sin embargo, en general, coinciden en definir cinco grados de seguridad para posibles acreedores: alta calidad crediticia, adecuada calidad crediticia, grado especulativo de seguridad, altamente especulativo y actual incumplimiento o casi seguro incumplimiento.

Alejandro Olivo refiere que aproximadamente 90% de todos los gobiernos subnacionales que es calificado en el país se encuentra por debajo de la marca especulativa, principalmente ocasionado por una pobre recaudación a nivel local.

En tanto, según estimaciones de S&P, de los 2,489 gobiernos subnacionales en México (2,457 municipios, 31 estados y el Distrito Federal) sólo 5% es monitoreado por una calificadora, refiere Daniela Brandazza.

SE ESTÁ A TIEMPO

Sobre el verdadero riesgo que suponen los endeudamientos locales para la economía nacional en su conjunto, ambos expertos coinciden al indicar en que al día de hoy no hay un riesgo del sistema financiero mexicano en su totalidad.

Sin embargo, advirtieron que a nivel local, producto de una mala gestión financiera y presupuestaria, sí es de preocupar el acelerado endeudamiento a nivel subsoberano.

Es un sector joven, la deuda subnacional en México no tiene más de 10 años. Esto se debe regular porque están destinando el endeudamiento a gasto corriente y al no tener medidas de control adecuadas sí puedes estar generando riesgos en el sistema que más vale atender desde ahora , declara Alejandro Olivo.

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