Uno de los temas centrales que se discutirán en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019 es eliminar o no el Ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas, mejor conocido como el fondo moche o la caja negra del presupuesto.

Expertos consultados por El Economista reconocen que si bien se han tenido abusos de este Ramo por parte de gobernadores y diputados locales, no se debe considerar eliminarlo por completo, sino regular los fondos en sus operaciones.

“Ha habido muchos abusos del Ramo 23, porque el hecho de que al cierre de cada año la Federación tiene que salir a saldar las cuentas de los estados, es por una mala administración de los recursos”, expuso Kristobal Meléndez, analista de cuentas subnacionales del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP).

Comentó que si se quitan esos recursos de golpe podría afectar de forma importante a estados que están muy endeudados como Chihuahua, Nuevo León o Quintana Roo.

“Sin estos recursos, los estados se encontrarían ante una falta de liquidez importante (...) es radical quererlo eliminar por completo, en el sentido de que las finanzas estatales no se encuentran en buen estado y la falta de recursos sería un golpe fuerte”.

Valeria Moy, directora general de México ¿cómo vamos?, refirió que no sólo el Ramo 23 ha tenido un mal manejo de los recursos, pero a diferencia del Ramo 28 de Participaciones y el 33 de Aportaciones a entidades federativas, el 23 no tiene reglas de operación ni transparencia.

“En vez de eliminarlo se debería regular. Debe ser un acuerdo fiscal; si eliminan el Ramo 23, no va mejorar en nada, porque lo único que van a hacer es crear otro y que seguramente presentará los mismos problemas”.

Indicó que el Ramo 23 se ha distinguido por ser un fondo de negociación política a través de Hacienda. “Si te portas bien, te hago una bonita transferencia a través del Ramo 23 y si te portas mal no te la hago. Al final de cada año siempre se ponían de acuerdo y en lo oscurito. El problema es que esto se va a seguir haciendo en el Ramo 23 o en otro ramo”.

Modus operandi de los funcionarios

Enrique Cárdenas, economista y profesor de la Universidad Iberoamericana de Puebla, expuso que la negociación del Ramo 23 es un círculo de corrupción, que se ha hecho entre gobernadores, diputados y la misma Secretaría de Hacienda.

El modus operandi es el siguiente: un diputado o senador gestiona recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de modo que se los pueda llevar al municipio y el presidente municipal le dice te van a llegar 100 millones de pesos y a mí me dejas 30 millones de pesos, o bien, le da el dinero a cambio de algún favor político.

“Ese es el caminito que tejen y como es discrecional y opaco no hay forma de rendir cuentas. Se junta lo político y lo económico”, reiteró Cárdenas.

Índico que el gran problema es que el dinero que reciben los diputados para repartirlos en sus delegaciones o municipios lo hacen sin reglas ni registro, “tienen un poder ejecutivo que no les corresponde”.

Meléndez mencionó que también a través del fondo de pavimentación, los diputados pedían recursos, pero no se les daba ningún tipo de seguimiento.

Fondos podrían asignarse en otros ramos

El investigador del CIEP agregó que en caso de que se elimine el Ramo 23, los fondos podrían ser reubicados dentro de los ramos generales, como el 28 y 33 que son recursos que se destinan a los estados y municipios.

A su parecer hay fondos que son muy importantes para las entidades federativas como el de Capitalidad, el cual ayuda a dar mantenimiento al transporte público como el metro o el mismo Fondo de Desastres Naturales.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para este año el Ramo 23 registró 13 fondos, a los que se les aprobó un presupuesto por 45, 289 millones de pesos.