Syriza dejó claro en su campaña que no es su propósito la salida de Grecia del euro. Alejaba así un fantasma agitado por sus rivales políticos, pero que sí llegó a ser una posibilidad en el 2011, en los momentos más crudos de la crisis y que entonces desembocó en una quita a su deuda y en la concesión de un segundo rescate.

Fue en la concesión de aquella segunda ayuda cuando más se fraguó el vínculo por el que no sólo sería Grecia quien diera el golpe de abandonar el euro, sino también sus socios de la zona euro, en realidad sus grandes acreedores.

Tras la victoria electoral de Syriza, Atenas, Bruselas y Berlín están condenadas a entenderse. Ya antes de las elecciones se hizo evidente el grave problema de la sostenibilidad de la deuda griega, equivalente a más de 170% del PIB, y de la incapacidad del país de financiarse en el mercado en solitario. Las negociaciones para la reestructuración de la deuda serán por tanto el escenario inevitable con el que impedir una suspensión de pagos que el nuevo gobierno no desea y sus acreedores tampoco.

Unos 217,400 millones de euros de deuda soberana griega, 69%, está en manos del Fondo Monetario Internacional y de los países de la zona euro, ya sea por los préstamos bilaterales que cada uno concedió a Grecia en el primer rescate o a través del riesgo asumido dentro del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, el vehículo con el que se articuló el segundo rescate.

La deuda soberana griega ya sufrió una fuerte quita para los bonos en manos de inversionistas privados como parte de la negociación del segundo rescate. Asumieron una pérdida de 53% que permitió rebajar 100,000 millones de euros, en una negociación tras la que los estados de la zona, el FMI y el Banco Central Europeo quedaron como los grandes acreedores del país. Apenas 12% del total de la deuda soberana está ahora en manos privadas, lo que en buena parte explica que la incertidumbre sobre la solvencia del país haya tenido un efecto limitado.