La consultora Deloitte entregó ayer a la Junta Única de Resolución (JUR) europea el tercer informe de valoración de Banco Popular, que determina si los accionistas y acreedores del banco habrían perdido menos dinero si la entidad se hubiese liquidado según la legislación nacional, en lugar de haberse vendido a Banco Santander por 1 euro en junio del 2017. De ser así, los inversionistas tendrían derecho a una compensación. El informe no se conocerá oficialmente hasta la segunda quincena de julio, pero según ha podido saber EXPANSIÓN, el contenido no trae buenas noticias para los accionistas y acreedores júnior de Popular.

Deloitte ha elaborado un informe con varios escenarios de liquidación de la entidad y en cada uno de ellos ha asignado una cifra de impacto financiero. Según una fuente conocedora del documento, en ninguno de esos escenarios los cerca de 300,000 accionistas y los acreedores júnior de la entidad -que perdieron toda su inversión- tampoco habrían recuperado un solo euro.

Es más, según fuentes conocedoras del documento, de haber procedido con una liquidación ordenada de los activos del banco, las quitas habrían llegado a los acreedores senior, y a los depósitos de más de 100,000 euros. Los ahorros por debajo de esa cifra sólo se habrían salvado por la intervención del Fondo de Garantía de Depósitos, que tendría que haber aportado "varios miles de millones que en ese momento no había".

Con la venta a Santander, los depósitos y acreedores senior quedaron cubiertos, pero las pérdidas para accionistas y acreedores júnior fueron notables. El 6 de junio, el día que Banco Popular se quedó sin dinero para hacer frente a las retiradas masivas de depósitos y el Banco Central Europeo lo declaraba inviable, la capitalización de mercado de la entidad era de 1,300 millones de euros. Los acreedores junior contaban con títulos con un valor nominal de 2,000 millones de euros.

Muchos de estos inversionistas han emprendido acciones legales contra la JUR ante los tribunales españoles y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y se han quejado de que la opacidad del organismo a la hora de justificar y argumentar su decisión menoscaba su derecho de defensa.