El programa de compra de deuda pública emitida por los Estados de la zona euro, anunciado en 2012 por el Banco Central Europeo (BCE), es compatible, bajo ciertas condiciones, con el derecho europeo, estimó este miércoles el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En la gran mayoría de los casos, las conclusiones del abogado general son seguidas por el tribunal. Se esperaba en particular esta conclusión, en momentos en que el BCE se dispone a ampliar su apoyo a la moneda única mediante una compra masiva de deuda pública.

En sus conclusiones, el abogado general Pedro Cruz Villalón, considera que el programa OMT ("Outright Monetary Transactions") "es compatible" con el derecho europeo "siempre y cuando, si llega a aplicarse (...) se cumplan estrictamente el deber de motivación y las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad" en relación a la misión del BCE y el objetivo buscado.

El programa OMT fue presentado en el verano (boreal) 2012, pocos después de que la crisis financiera internacional se transformara en Europa en una crisis de la deuda y cuando "las dudas de los inversores sobre la viabilidad de la moneda única provocaron incrementos en apariencia imparables de las primas de riesgo" de los Estados "dibujando un panorama financiero crítico", explica el abogado.

Entonces el presidente del BCE, Mario Draghi, se había declarado dispuesto a hacer todo lo posible para estabilizar la unión monetaria.

El programa consistía en la compra de deuda pública de algunos países de la zona euro en el mercado secundario, en donde se intercambian los bonos que ya fueron emitidos. Con su promesa, Draghi logró aportar tranquilidad a los mercados y el programa no fue utilizado.

Pero en Alemania, responsables políticos y organizaciones no gubernamentales interpusieron un recurso contra el gobierno federal ante el Tribunal Constitucional alemán, con sede en Karlsruhe (suroeste), que a su vez se dirigió al Tribunal de Justicia de la UE cuestionando la legalidad del programa OMT.

En primer lugar, la corte de Karlsruhe pregunta si en vez de una medida de política monetaria el programa del BCE "no constituye más bien una medida de política económica", lo que quedaría fuera del mandato de la institución con sede en Fráncfort.

En segundo lugar, "el tribunal alemán duda de que la referida medida respete la prohibición de financiación monetaria de los Estados miembros", inscrita en el derecho europeo. Desde un punto de vista más general, la corte alemana se interroga sobre los límites de la competencia del BCE "a la hora de hacer frente a situaciones excepcionales, como las del verano de 2012".

En sus conclusiones, el abogado general, estima que el BCE "debe motivar adecuadamente la adopción de una medida no convencional, como el programa OMT, identificando con claridad y precisión la circunstancia extraordinaria que la justifica" y considera que el programa es "adecuado para alcanzar una reducción de los tipos de interés (...) que permitirá recuperar cierta normalidad financiera en los Estados concernidos" lo que permitirá al BCE "desarrollar su política monetaria en condiciones de mayor certeza y estabilidad".

Estima además que el programa OMT es "necesario y proporcionado" ya que el BCE "no asume un riesgo que le lleve necesariamente a un escenario de insolvencia".

Cruz Villalón explica además que el derecho europeo no prohíbe al BCE "las operaciones en el mercado secundario" debido a que si no se estaría prohibiendo el recurso a una "herramienta indispensable" para desempeñar la política monetaria, aunque concede que el programa OMT "puede inducir inevitablemente en cierta medida a los inversores a adquirir deuda en el mercado primario" por lo que el BCE "actuará con cautela" en el mercado secundario "con el fin de evitar conductas especulativas".

Por ello, Cruz Villalón "considera que el programa OMT es compatible con el derecho europeo, siempre y cuando, si llega a aplicarse, se lleve a efecto en circunstancias temporales que permitan efectivamente que se forme un precio de mercado de los títulos de deuda pública".

erp