De aprobarse las modificaciones para que la emisión de facturas apócrifas sea considerada como delincuencia organizada, expertos, organizaciones y diputados prevén que los contribuyentes interpongan amparos. “Se dice que esta legislatura va a pasar a la historia (...) yo no quisiera que pasáramos a la historia porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos estuviera corrigiendo la plana, porque esto va a llegar a los tribunales”, declaró la diputada de Morena Martha Patricia Ramírez.

A inicios de septiembre, el Senado aprobó la ley contra las factureras, en la cual además de ser considerada como delincuencia organizada, se impone la prisión preventiva oficiosa.

“Más allá de los amparos, yo creo que el primer mecanismo va a ser la acción de inconstitucionalidad”, indicó a diputados Juvenal Lobato, vicepresidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Durante el Parlamento Abierto, organizado por las comisiones de Hacienda y Crédito Público y la de Justicia de la Cámara de Diputados, varios expertos señalaron que considerar este delito como delincuencia organizada era una exageración.

Rodolfo Félix Cárdenas, de la Escuela Libre de Derecho, aseveró que quienes aprobaron la ley en el Senado no entienden el alcance que va a tener la reforma.

“Cualquiera va a ser miembro de la delincuencia organizada en potencia”, denunció.

Por su parte, Samuel González, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, mencionó que “se nos está pasando la mano” con la medida de prisión preventiva.

Pablo Hernández Romo, socio de PHRE, aseveró que la la figura de prisión preventiva que marca esta iniciativa es anticonstitucional. “Va a haber 20,000 amparos, porque la Constitución marca la prisión preventiva sólo en casos excepcionales”.

Ante los diputados, los representantes de la ABM, CCE, Coparmex y expertos pidieron que se tome más tiempo para discutir esta reforma en el pleno de San Lázaro.

“Tómense su tiempo. Vamos a concentrarnos en el Paquete Económico”, declaró Jorge Gaxiola, representante de la ABM.

Rodolfo Islas Valdez, representante de la CCE y Concamin, indicó que se debe seguir discutiendo el tema para poder actuar en contra de las factureras de manera adecuada.  “Se debe suspender esta minuta. La Cámara debe tener datos sólidos”, enfatizó Agustín Celorio Vela, director general del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario.

Los presentes indicaron que esta iniciativa podría inhibir la inversión en el país, además de tener un gran impacto en las empresas.

Los representantes y expertos pidieron hacer ajustes en la redacción,  para aclarar el tema sobre homologación de la defraudación fiscal como delincuencia organizada.