El presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva, pidió a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la legalidad de tres medidas del presupuesto de rigor para este año que prevé bajas salariales para funcionarios y jubilados, anunció el miércoles la presidencia.

Estas medidas conciernen la suspensión de las "bonificaciones de vacaciones o de una suma equivalente" giradas a los funcionarios y a los pensionados así como la nueva "contribución excepcional de solidaridad" aplicada a las jubilaciones superiores a los 1,350 euros, según el comunicado publicado en la página internet de la presidencia.

El presupuesto estatal para el 2013, de un rigor sin precedente, prevé un alza generalizada de impuestos a los ingresos con una tasa de 14.5% para los más bajos y de 48% para los más elevados así como un impuesto de 3.5% para todos los niveles de imposición.

Los funcionarios cuyos salarios son superiores a 1,100 euros no tendrán bonos de vacaciones.

El Parlamento aprobó el presupuesto a fines de noviembre y fue promulgado por el presidente el viernes para, según él, no privar al país de un "instrumento esencial" de su política económica.

En su mensaje de fin de año al país el martes por la noche, Cavaco Silva indicó no obstante que acudiría a la Corte Constitucional ya que tenía dudas sobre la equidad en los sacrificios pedidos a los portugueses.

La nueva ley de finanzas fue presentada por el gobierno como absolutamente necesaria para respetar los compromisos tomados por Portugal con sus acreedores internacionales en contrapartida de un plan de rescate de 78,000 millones de euros acordado al país en mayo de 2011.

Estas nuevas medidas dieron lugar las últimas semanas a un concierto de protestas, marcadas por huelgas y manifestaciones.

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