En el último dictamen que propone la creación de un Instituto de Estudios de la Hacienda Pública, que sustituirá al Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, se observó un debilitamiento en aspectos clave del diseño de dicho organismo que se encargará de supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas del país, indicaron especialistas que han participado en el desarrollo para la creación de un Consejo Fiscal.

Edna Jaime, directora de México Evalúa, una de las principales organizaciones civiles que impulsó la propuesta de crear un Consejo Fiscal, comentó que, en el último dictamen que se les entregó se deja en entredicho el carácter técnico de este organismo, sobre todo por el bajo perfil que se está pidiendo a quienes conformen el Consejo Técnico y la Dirección General del Instituto que operaría como un Consejo Fiscal.

“La selección de consejeros técnicos no será por concurso, se desecha el mérito, especialidad y experiencia como criterio de selección. Sólo podrán integrarse, sin justificación, académicos de universidades públicas”, expuso en su cuenta de Twitter.

También, mencionó, se propone que el cargo de consejero sea honorífico cuando lo que se necesita es un trabajo especializado de tiempo completo. “No es viable el carácter que se perfila en el dictamen si de lo que se trata es tener un organismo técnico, autónomo y apartidista”.

Criticó que se elimina una de las atribuciones esenciales de este organismo que es la evaluación de la regla fiscal que genera mayor certidumbre sobre la viabilidad de las finanzas públicas.

En este sentido, Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, agregó que también preocupa que este organismo estará sujeto al presupuesto de la Cámara de Diputados, “lo que proponíamos es que tuviera las mismas prácticas que la Auditoría Superior de la Federación, es decir, con autonomía presupuestaria técnica y de gestión. El presupuesto de la Auditoría no depende de la Cámara, se le debe dar el mismo estatus”.

“Esta autonomía presupuestaria técnica y de gestión son necesarias para tener un trabajo objetivo que no esté respondiendo a los intereses políticos del momento, porque un trabajo de evaluación de la regla fiscal no debe tener compromiso con los políticos”.

Campos reconoció que el actual gobierno diera espacio al diálogo para crear este Consejo Fiscal que ayudará a monitorear el avance y sostenibilidad de las finanzas públicas del país, “pero es indispensable que cuente con autonomía”.

El dictamen establece que, el Instituto de Estudios de la Hacienda Pública será un órgano de alta especialidad cuyo objeto será coadyuvar para el ejercicio eficaz de las facultades constitucionales del Congreso de la Unión en las materias hacendaria y presupuestaria. “El instituto en todo momento funcionará y tomará sus decisiones de forma objetiva, con transparencia metodológica, apartidista e independiente, así como con una visión estratégica a largo plazo de la política fiscal y el desempeño integral de la economía”.

Transición podría durar hasta dos años

Para Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica (CIEP), lo más complejo será el tiempo de transición del actual Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados al nuevo Instituto de Estudios de la Hacienda Pública, pues podría durar hasta dos años.

“Eso es lo verdaderamente complejo, se pueden llevar uno o dos años porque se debe evaluar a la gente que se tiene, hacer exámenes de oposición, despedir a algunos empleados, redefinir la estructura del centro con base en las nuevas funciones, crear metodologías y enseñárselas a los investigadores”.

Coincidió en que el proceso para la selección de los consejeros y del director general queda muy ambiguo en el dictamen, “le están dando muchas atribuciones al manual de operación, que se supone tenía que hacer el nuevo Consejo Técnico”.

A su parecer, se necesita un organismo técnico que esté midiendo constantemente la salud de las finanzas públicas que vea qué tan viable es en el mediano y largo plazos, así como medir impactos presupuestarios para la toma de decisiones.

El pasado martes, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas informó que en la Comisión Permanente aprobaría una sesión extraordinaria para abordar diferentes dictámenes como el de la creación del Consejo Fiscal, sin embargo, no se abordó en la sesión extraordinaria del miércoles.

Se creará instituto de estudios parlamentarios

Otro aspecto que se agregó al dictamen es que la Cámara de Diputados contará también con el Instituto de Estudios Parlamentarios, el cual estará dedicado a los estudios parlamentarios de constitucionalidad e impacto normativo, económicos, políticos y sociales, internacionales, así como de administración de datos, y coadyuvará en las tareas de formación y capacitación de legisladores, legisladoras y personal técnico de la Cámara.

“La integración, operación y funcionamiento de cada instituto se establecerá en el orden normativo que al efecto se expida. Su cuerpo de investigación será parte del Servicio Civil de Carrera, en los términos de la normatividad aplicable”.

Recomendación del FMI

Rumbo a un Consejo Fiscal

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha insistido en la propuesta de que México establezca un Consejo Fiscal apatidista al considerar que facilitaría que las políticas presupuestarias puedan orientarse hacia la estabilidad de largo plazo y al crecimiento inclusivo. Al implementarlo la población contará con una fuente independiente que generará las propuestas fiscales y de gasto, tomando en cuenta el crecimiento inclusivo y sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.

La institución monetaria menciona que la experiencia en varios países con consejos fiscales es que, independientemente de la filiación política del gobierno, han ayudado a mejorar la transparencia presupuestaria al fortalecer la credibilidad de las cuentas fiscales y las previsiones.

Precisamente, el Instituto de Estudios de la Hacienda Pública será un órgano adscrito a la Cámara de Diputados, aprovechando la estructura del actual Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Asimismo, será una institución dotada de autonomía técnica y operativa, con el fin de que ésta pueda tomar decisiones de forma objetiva, con transparencia metodológica, apartidista e independiente.

Estará compuesto por aquellos que poseen los suficientes conocimientos técnicos y especializados para darle seguimiento a los temas de ingresos, gasto público y deuda desde una perspectiva dinámica de la economía nacional, cumplimiento de las reglas fiscales y, de manera más general, la consolidación en los debates de política fiscal.

Se busca que el instituto esté dotado de las atribuciones e instrumentos necesarios para convertirse en un organismo de investigación prestigiado con voz autorizada y con la capacidad de incidir en el debate público sobre los temas de su competencia con solvencia, autoridad y solidez.

elizabeth.albarran@eleconomista.mx