Los esquemas de residencia y ciudadanía por inversión, también conocidos como pasaportes o visas doradas, pueden ser utilizados como herramientas para ocultar dinero que se mantiene en el extranjero y, de esta manera, evitar las obligaciones fiscales, refirió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Los pasaportes dorados se otorgan a aquellas personas que pueden invertir grandes cantidades de dinero en un país. De esta manera, a quien se le otorga esta visa puede adquirir, a cambio de su dinero, la ciudadanía o residencia del lugar donde lo invierta.

Las personas, precisó la organización, pueden estar interesadas en estos esquemas por una serie de “razones legítimas”, como el deseo de iniciar un nuevo negocio en la jurisdicción, mayor movilidad entre países, mejor educación o, incluso, tener el derecho de vivir en un país con estabilidad política.

“(Sin embargo) pueden ser objeto de abuso para tergiversar la jurisdicción fiscal de un individuo y poner en peligro el correcto funcionamiento de los procedimientos de diligencia debida de los intercambios de información entre los países miembros”, afirmó la OCDE en un análisis.

En este sentido, refirió que los pasaportes dorados pueden ser utilizados para ocultar los activos en el extranjero sin tener que mencionarlos en los informes que los contribuyentes están obligados a entregar a las autoridades fiscales.

Explicó que un individuo que no reside realmente en un país, pero obtuvo la visa dorada a cambio de su inversión, puede declararse residente de dicha jurisdicción para obtener beneficios fiscales.

Esquemas de alto riesgo

En su análisis, la OCDE agregó que han identificado esquemas de alto riesgo, los cuales dan acceso a una tasa impositiva personal más baja sobre los ingresos de activos financieros extranjeros, además de que no requieren que el contribuyente con visa dorada pase una cantidad significativa de tiempo en la jurisdicción que ofrece este esquema.

Sin embargo, no todos los países que otorgan pasaportes dorados tienen esquemas de alto riesgo.

Por el contrario, la OCDE identificó como de alto riesgo a Antigua y Barbuda, Bahamas, Bahréin, Barbados, Colombia, Chipre, Dominica, Granada, Malasia, Malta, Mauricio, Mónaco, Montserrat, Panamá, Qatar, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, Seychelles, Turcos y las islas Caicos, Emiratos Árabes Unidos y Vanuatu.

Por lo anterior, la OCDE pidió a las instituciones financieras tener en cuenta estos esquemas de altos riesgos al momento de realizar sus obligaciones, como lo son los intercambios de información entre países.

La UE se ha beneficiado

De acuerdo con un estudio de las ONG Global Witness y Transparency International, en los últimos 10 años han entrado a la Unión Europea (UE) alrededor de 25,000 millones de euros a cambio de la residencia o la ciudadanía de ciertos países.

“Al igual que un bien de lujo, los derechos de residencia y ciudadanía de la UE se pueden comprar. Hay muchos compradores y no hay escasez de proveedores (...) Sin embargo, la venta de pasaportes y permisos no está exenta de riesgos. La respuesta de la UE ha sido limitada hasta ahora y los estados miembros han estado haciendo uso de sus amplios poderes discrecionales cuando se trata de cuestiones de ciudadanía y residencia”, afirmó el reporte “European Getaway, inside the murky world of Golden visas”.

El reporte refiere que los gobiernos que llevan a cabo estos esquemas deben garantizar que las personas que reciben, así como el dinero de éstas, estén limpias, es decir, que no provenga de actos ilícitos. “Los países deslumbrados por las ganancias corren el riesgo de no ejercer una supervisión rigurosa sobre el proceso de toma de decisiones”.

Añadió que los esquemas de visa dorada son altamente atractivos para aquellas personas asociadas con actos de corrupción, ya que ofrecen un refugio seguro e, incluso, puede obstaculizar el conocimiento de la nacionalidad original del individuo.

“Una visa dorada puede servir efectivamente como una tarjeta sin fuga para el participante y sus dependientes, lo que les permite saltear la ciudad, evadir los esfuerzos de cumplimiento de la ley o de enjuiciamiento, y aprovechar la libertad de movimiento, derechos y protección conferidos por su nuevo estatus europeo”, aseveró.

De acuerdo con el estudio, las visas doradas generan a nivel mundial cerca de 13,000 millones de dólares al año; esperan que dentro de un año o dos generen ingresos por hasta 20,000 millones de dólares.

Caso caribeño

En el Caribe, existen cinco países que ofrecen este tipo de visas: Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Kitts y Nevis, así como Santa Lucía. Los pasaportes para una familia de cuatro personas se pueden adquirir por una inversión de 100,000 dólares por 90 días.

“No hay requisitos para residir en estos países, con la excepción de Antigua y Barbuda, que tiene un requisito de residencia de cinco días. De hecho, los solicitantes ni siquiera necesitan recoger sus pasaportes en persona”, refirió el reporte.

El esquema existente en San Kitts y Nevis es el primer programa de ciudadanía por inversión del mundo, creado en 1984, alcanzando su éxito en el 2009 cuando firmó con la UE un acuerdo de exención de visado, es decir, que quienes obtienen la visa en este país caribeño pueden entrar a ciertas zonas de la UE sin una visa adicional. También Antigua y Barbuda, Dominica, Granada y Santa Lucía han firmado acuerdos de este tipo con la UE.

Sin embargo, se han expuesto a la luz los problemas de estos visados. En marzo, Santa Lucía canceló la ciudadanía de seis solicitantes ya que habían realizado actos que podían dañar la reputación del país. Por su parte Canadá, en junio del 2017, canceló viajes sin visado para ciudadanos de Antigua y Barbuda debido a que la falta de requisitos de residencia para solicitantes representaba un riesgo.

En el 2013, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU emitió un aviso informando que el programa de ciudadanía por inversión de San Kitts y Nevis era utilizado por la delincuencia debido a los controles laxos respecto a quien puede obtener la ciudadanía.