El gobierno británico anunció que pagará 80% del salario de todos los empleados, hasta un máximo de 2,900 dólares, en un intento por frenar los despidos masivos que la crisis del coronavirus está provocando en Reino Unido.

El gobierno también anunció que permitirá a las empresas retrasar el pago de impuestos hasta el final de junio, ayudas para pequeñas empresas y autónomos, nuevas iniciativas para la gente que ya está en paro. También se retrasa el pago del IVA tres meses.

Según la firma de análisis Capital Economics, la medida de pagar 80% de los salarios costará al Estado 46,600 millones de dólares, teniendo en cuenta que hay 10 millones de personas trabajando en sectores vulnerables. Si se suman todas las iniciativas presentadas, el costo ascenderá a 128,000 millones de dólares, indica la firma.

Alemania evalúa endeudamiento

El gobierno alemán aprobará un nuevo endeudamiento de al menos 150,000 millones de euros. De acuerdo con fuentes, el Ejecutivo de la canciller evalúa elaborar un presupuesto adicional para el 2020, con un volumen aún no concretado.

Se prevé que active hoy el procedimiento para suspender la regla constitucional del “freno de la deuda”, aprovechando que esa norma prevé excepciones. Ése es el paso previo para elevar el gasto público por encima de 0.35% del PIB.

Adiós, a la regla del déficit

Por su parte, la Comisión Europea suspendió el viernes la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el conjunto de normas fiscales comunitarias, abriendo así la puerta a que los gobiernos nacionales puedan elevar su gasto público todo lo necesario para combatir la propagación del coronavirus y mitigar sus consecuencias económicas.

España, apoyo para desempleo

El presidente de España, Pedro Sánchez, defendió la necesidad de crear un fondo europeo de desempleo como prestación “complementaria” a las prestaciones por desempleo nacionales y, finalmente, abogó porque el Banco Europeo de Inversiones ampare las medidas de liquidez que están poniendo en marcha los gobiernos nacionales.

Sánchez también dijo que se trata de una crisis “que nadie preveía”. y que no está relacionada con fallos en la regulación de un determinado sector, sino que se trata de una emergencia de salud pública, por lo que las instituciones europeas deben ser sensibles y tener empatía con la sociedad.